Ciudadano de Barcelona o turista del mundo

Buscar un piso de alquiler en un área urbana es hacer un cásting, lo que tensiona el mercado y los precios. A corto plazo, la oferta de viviendas en alquiler es fija. O se dedica al alquiler tradicional, o al turístico o al de temporada. Cualquier medida, por tanto, que aumente la oferta de pisos en el mercado de alquiler tradicional es una buena medida para este segmento. Escuchamos hace unos días a Barcelona anunciar la eliminación en 2028 de las licencias de viviendas turísticas ya concedidas. Asimismo, se anuncian medidas para dificultar el alquiler de temporada, el alquiler por un periodo máximo de un año, pensado para estancias de estudiantes o profesionales. Esta figura ha aumentado mucho su peso en las grandes ciudades, en los últimos años. En parte porque vivimos en un mundo cada vez más globalizado y, en parte, porque ha sido una alternativa para los inversores al no estar sujetos a la Ley de Vivienda.

¿Qué medidas propone el Gobierno para los alquileres de temporada y los turísticos?

Todas estas medidas favorecen el aumento de la oferta de pisos en el mercado de alquiler tradicional, algo que no hace la regulación de alquileres, que desincentiva la oferta. Además, son medidas con coste 0 para el sector público (salvo por los potenciales costes de inspección) y un potencial rédito político elevado. Fuera de unos pocos propietarios, el perjudicado es el turista (que no vota aquí) y el principal beneficiario, además de los hoteles, es el ciudadano cansado del turismo masivo. 

Una investigación reciente calcula que cada 10 apartamentos turísticos crean un nuevo restaurante y 8 empleos. El turismo masivo favorece el empleo (y el sueldo) de baja cualificación. Por otra parte, ¿aceptaremos que todas las localizaciones urbanas hagan lo mismo con nosotros? El ciudadano de Barcelona también es turista en otras urbes, un turista que sin apartamentos turísticos deberá pagar más por alojarse. Finalmente, el problema de la vivienda es imposible que se solucione sin más construcción de vivienda: social y privada. Y para ello es necesario más presupuesto público dedicado a la vivienda (dedicamos un tercio de la media de la UE), un comportamiento más proactivo de la gestión urbana y más seguridad jurídica.

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