Mal de muchos, consuelo de tontos

Desde el primer momento quedó claro que la desinflación y los indultos eran un paso necesario -y valiente- para normalizar la convulsa política catalana. Y, por tanto, la española. Y en Catalunya, bajó la crispación. Pero también desde su inicio se supo que la ley de amnistía -a cambio de la investidura de Sánchez- era una operación de alto riesgo. La amnistía no podía ser «hacer de la necesidad virtud» como reconoció el propio presidente. Habría exigido un intento de buscar un consenso que la hiciera aceptable para la mayoría de la sociedad y para el PP, el primer partido parlamentario. Así, el Tribunal Supremo, que condenó a duras penas de inhabilitación y prisión a los dirigentes del 'procés', la habría acabado digiriendo. Como los indultos. 

Pero la 'realpolitik' es otra cosa. Y Sánchez podía obtener una mayoría para la investidura que Núñez Feijóo -sin la abstención del PSOE- no podía lograr. Y el PP nunca se abstuvo para que un socialista gobernara, cosa que sí hizo el PSOE -no el de Sánchez- con Rajoy en 2016.

Pero las cosas son con como son. Y el alivio del pacto PSOE-PP para el Consejo General del Poder Judicial, tras cinco años de bloqueo, puede quedarse en nada por la decisión del Supremo de no aplicar la ley de amnistía. Era esperable que el Supremo recurriera la ley ante el Constitucional, o ante los tribunales europeos, pero Marchena y Llarena han hecho algo más alambicado. No dicen que la ley sea inconstitucional, sino que no la aplican porque sostienen que la malversación, aunque sea sin ánimo de lucro personal, no es amnistiable porque comporta ventajas políticas. Otra forma de enriquecimiento. Es una tesis, pero la letra de la ley -la voluntad del legislador- explicita que el uso de recursos públicos a favor del 'procés' no debe ser considerado malversación. Se podrá estar o no de acuerdo, pero es lo que dice la ley. Y el Supremo critica también al legislativo por hacer la ley de forma incorrecta y cambiando de criterio en su elaboración. Pero, ¿no eran poderes separados y autónomos el legislativo y el judicial?

Y además mantiene las órdenes de detención contra Puigdemont y otros. Estamos ante un complicado y grave choque de trenes entre el legislativo (y el Gobierno que promovió la ley) y el Supremo. Lo que nos faltaba para superar la gran crispación y polarización: un conflicto frontal entre poderes del Estado que irá al Constitucional. ¿El Supremo en manos de jueces conservadores (cinco a uno en la sala de lo Penal) y el Constitucional con mayoría de magistrados progresistas? No parece razonable en un país en el que desde hace años la convivencia de Catalunya en la España democrática ha sido una carretera con muchos baches. 

No es tanto una cuestión de buenos y malos (que para muchos también), sino que todos deberían haber sido algo más sensatos. La ansiada normalidad y el prestigio de la democracia española saldrán malparados. Pero hay quien quita hierro: Francia está peor. Claro que «mal de muchos, consuelo de tontos». 

Suscríbete para seguir leyendo