Una financiación justa

Catalunya es una región que genera riqueza en términos de renta per cápita. Es la tercera región del Estado, después de Madrid y Balears, si no tenemos en cuenta a País Vasco y Navarra. Como una parte de la riqueza generada sirve para contribuir a la solidaridad de las regiones más pobres, una vez hecha la distribución, Catalunya pasa a la decimocuarta posición. Por lo tanto, hay regiones más pobres que, una vez reciben la solidaridad de las más ricas, pasan por delante de Catalunya. Por eso, la riqueza generada en Catalunya no llega a los ciudadanos. Recordamos que en Catalunya hay un 26% de personas por debajo del umbral de pobreza. De acuerdo con el Índice de Progreso Social de la Unión Europea que mide el nivel de bienestar de los ciudadanos, Catalunya ocupa la posición novena en el Estado. Esto es consecuencia del déficit fiscal.

El déficit fiscal es la diferencia entre el gasto que el Gobierno central realiza en Catalunya y los ingresos fiscales que obtiene. Según la Generalitat, este déficit es de 22.000 millones de euros/año, el 9,6% del PIB, más de 60 millones de euros en el día. Podemos recordar que Catalunya representa al 16% de la población española y aporta el 19,4% de los impuestos, pero solo recibe el 14% del gasto estatal. Esto es más grave si no consideramos el gasto de la Seguridad Social, puesto que el Estado no puede discriminar a ninguna región en este tema. Si no consideramos el gasto de la Seguridad Social, Catalunya solo recibe el 11% del gasto estatal total.

Este problema se puede abordar con medidas fáciles y sin singularidades que no solucionan el problema totalmente, pero sí permitirían mejorar. La primera solución fácil seria que el Estado cumpliera las inversiones presupuestadas. Actualmente, el grado de ejecución de las inversiones en Catalunya es significativamente más bajo, comparado con otras comunidades. Por ejemplo, según la Generalitat, de 2015 a 2022 el porcentaje de ejecución se ha situado en el 56%, mientras que en Madrid es del 110%. Una segunda solución fácil seria cumplir la cláusula adicional séptima del Estatut de autonomía, que regula que el Estado tendría que invertir en infraestructuras en Catalunya el mismo porcentaje que representa el PIB de Catalunya (19%). Según la Cambra de Comerç de Barcelona, la inversión real del Estado en Catalunya solo ha sido del 11,3% los últimos años. La tercera solución no es tan fácil, pero qno exigiría ninguna singularidad, sería aplicar el principio de ordinalidad, que está incluido también en el Estatut de autonomía. Aplicar este principio aseguraría que Catalunya no pierda recursos per cápita después de la redistribución solidaria. Si Cataluña es la tercera región que genera más riqueza dentro del régimen común tendría que tener un déficit fiscal muy menor para garantizar que no pierda posiciones.

Si vamos a soluciones más difíciles, tendríamos que hablar del concierto económico, como en País Vasco y Navarra. Esta solución resolvería totalmente el problema, pero su viabilidad política es dudosa. Pero la política, a veces, hace posible el imposible.

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