Alvise Pérez y el nuevo plan de vivienda del Gobierno

Si este fuera un país serio, alguien habría reconocido que el colapso del acceso a la vivienda de las clases medias, especialmente de los jóvenes, ha pesado más en el ascenso electoral de Alvise Pérez que las malditas redes sociales. Quien mejor ha sintetizado el problema es el Banco Central Europeo: la vivienda en España es un 14% más cara de lo que la gente puede pagar. Identificar las razones de este gap debería ser el primer paso para una solución sólida. Algunos factores: la presión al alza en los precios que ejercen los pisos turísticos primero en la venta y después en el alquiler; la inseguridad jurídica en la regulación del alquiler que atrae a inversores con mentalidad de casino y castiga a los que buscan la rentabilidad a largo plazo y estabilizarían los precios; la industria inmobiliaria local acostumbrada a tasas de retorno muy elevadas desde la época de los pelotazos; el impacto en el precio final del valor del suelo y de la amortización de los largos plazos de tramitación de las licencias; y la falta de una cultura del alquiler agravada por un hiperproteccionismo de los inquilinos y una inseguridad en los precios y las condiciones. Diseccionar este mapa de factores permite constatar que no hay ninguna administración ni ninguna institución que pueda adquirir en solitario compromiso alguno que sea realmente eficaz.

El Gobierno de España anunció este jueves un nuevo plan para solucionar el tema de la vivienda. Nos lo vamos a creer un poco porque no lo ha hecho en campaña electoral como tantas otras veces y tantos otros gobiernos. Ha hecho hincapié en la falta de oferta que ha cifrado en entre 600.000 y 1.000.000 de nuevos pisos que tienen que entrar en el mercado para empujar los precios a la baja sean de nueva construcción, viviendas que están vacías o cambios de usos, principalmente del vacacional al residencial. Valoremos el gesto de buena voluntad. Pero seamos exigentes. La normativa que se ha puesto en marcha en los dos últimos años inspirada en los laboratorios universitarios de Podemos y de los Comuns no ha funcionado. Hay que revertirla y atender a soluciones más realistas como las que propuso esta semana el Cercle d'Economía. Por mucho impulso que tenga de los fondos Next Generation, el sector público no tiene la capacidad ni financiera ni operativa ni técnica de hacer frente a este reto. Otra cosa es que deba tener más presencia en el mercado, especialmente en el de alquiler, para presionar a favor de precios más ajustados a la renta disponible y del largo plazo. Alquilar debería dejar de ser una opción temporal para muchas familias que deberían encontrar otras formas de ahorro más saludables. Para seguir siendo creíble, el siguiente paso de este plan debería ser convocar a comunidades autónomas y ayuntamientos para ponerlo en marcha conjuntamente. Y a continuación llamar a los operadores inmobiliarios. El resto solo es munición para Alvise que ayuda a trocear lo que hay al otro lado del muro de Pedro Sánchez, pero no arregla problema alguno. 

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