Financiación singular y gobernabilidad

ERC ha situado la financiación singular de Catalunya como el elemento central en negociación con el PSC en para una eventual investidura de Salvador Illa. La secretaria general del partido, Marta Rovira, ha afirmado frente al Consejo Nacional que el PSC debe saber que si Pedro Sánchez no es capaz de mover ficha con la financiación será muy difícil que ERC apoye a Illa. Consciente de la necesidad de satisfacer al independentismo en una demanda histórica la vicepresidenta primera y ministra de hacienda, María Jesús Montero, ha planteado esta semana en el Congreso de los Diputados la posibilidad de ofrecer a Catalunya una financiación singular y de condonar hasta 15.000 millones de euros, a la vez que ha insistido en su rechazo a una negociación bilateral y en que el acuerdo debe producirse dentro de un modelo válido para todas las comunidades.

El acuerdo debe ser alcanzado en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera que es a quien corresponde aprobar el nuevo sistema de financiación autonómica, habida cuenta que el actualmente vigente lleva caducado desde 2014. Y a pesar de que esta circunstancia que tiene un impacto fundamental en la vida de los ciudadanos porque afecta a la capacidad de gasto de las autonomías y por tanto, a las políticas públicas, no parece que el nuevo sistema sea una prioridad del Gobierno. Como tampoco parece preocupar demasiado a los sucesivos gobiernos catalanes que en su ensimismamiento no solo han cedido el liderazgo en la negociación a otras autonomías sino que se han inhibido hasta tal punto que sus máximos responsables hace años que no acuden a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ambos casos la dejación de responsabilidades es inmensa y hasta cierto punto puede resultar comparable al boicot que está realizando el PP a la renovación del CGPJ aunque la ausencia de un nuevo sistema de financiación sea mucho menos ruidoso. En ambos casos, aunque por razones distintas, los resultados son los mismos: mal funcionamiento de las instituciones. Poder judicial por un lado y gobiernos autonómicos por el otro.

Las razones de este desinterés que se puede hacer extensivo a la mayoría de gobiernos autonómicos se pueden sintetizar en las complicaciones que un nuevo sistema de financiación puede generar a los partidos en los distintos territorios. Al fin y al cabo, en todo sistema de financiación hay unas comunidades que ganan y otras que pierden y eso puede generar contradicciones internas en los partidos, en especial en los de ámbito no estatal, al tiempo que los territorios perdedores pueden socavar las expectativas de sus respectivas formaciones tanto al nivel autonómico como a nivel estatal.

Pero no solo eso. Ahora, además, un nuevo sistema de financiación que incorpore un trato singular para Catalunya puede complicar los apoyos a Sánchez por parte de los partidos de ámbito no estatal como ya ha hecho saber Joan Baldoví, síndic de Compromís en las Cortes Valencianas, quien honrando la cláusula del recientemente rehabilitado Francisco Camps, ha defendido que lo que se haga en Catalunya se ha de hacer en la Comunidad Valenciana y ha advertido que no dar el mismo trato sería un motivo para dejar de dar apoyo al Gobierno que deberá sopesar si la investidura de Illa compensa desvestir a un santo para vestir a otro.  

Suscríbete para seguir leyendo