Devolver a la política su razón de ser

Cuando la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado se abrirá una nueva etapa en la política española. Una etapa donde el centro de gravedad de la vida pública debería volver, poco a poco, de la judicatura a la política, obligando a los políticos a asumir sus responsabilidades y dejando a los jueces la custodia de las leyes y la Constitución. No es fácil saber cómo será esta etapa, ni cuáles serán sus ritmos, pues la implementación de la norma depende de muchos factores. A medio o largo plazo, de la opinión que sobre ella vayan a tener los tribunales encargados de decidir sobre su constitucionalidad y su encaje con el ordenamiento jurídico europeo. A corto plazo, de la interpretación que hagan los jueces cuyos sumarios estén afectados por su aprobación, en el sentido de darlos por concluidos o, por el contrario, ralentizar o impedir la aplicación de la ley mediante recursos ante el Tribunal Constitucional, o consultas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Todo ello es posible, ante una iniciativa legislativa que ha dividido el Congreso por la mitad, que ha contado con el voto en contra del Senado y que encuentra oposición en una parte significativa de la judicatura. 

Sin embargo, sean cuales sean los vaivenes que sufra su aplicación, la ley de amnistía cuenta a su favor con el propósito de devolverle a la política el protagonismo que le corresponde. El que siempre debiera haber tenido, durante la última década, con relación al llamado 'procés' catalán. Un principio quebrado por quienes sustituyeron la acción política por leyes contrarias a la Constitución y al Estatut d’Autonomia, y por quienes dimitieron de su responsabilidad, dejando en manos de jueces y fiscales la solución del conflicto planteado por los independentistas. En ese sentido, el poder judicial, uno de los tres pilares del Estado democrático, también puede beneficiarse de una iniciativa que devuelve a los políticos la responsabilidad que es la suya, y deja en manos de los jueces aquello que les compete. 

Mientras la ley de amnistía ha supuesto para Catalunya, antes de su aprobación definitiva, una inflexión positiva en la tensión política y social de los últimos años, en otras comunidades autónomas cuenta con un rechazo importante. Por muchas razones. Algunas espurias, que volvieron a aflorar en el Congreso, en forma de insultos, y otras más fundamentadas, como el haber sido tramitada cuando el PSOE necesitaba los votos del independentismo catalán para investir a Pedro Sánchez. Sin embargo, la ley aprobada pasará a formar parte del nuevo escenario político. De los políticos depende que se acabe viendo por una amplia mayoría de la sociedad española como un instrumento útil, no solo para pacificar Catalunya sino para abrir un diálogo sobre aquello que puede y debe mejorarse en el funcionamiento eficiente y solidario del Estado de las Autonomías. A esta tarea están también llamados los políticos catalanes, incluidos aquellos que proceden del nacionalismo. Ni esta ley ni ninguna le piden a nadie que cambie sus ideas. Lo que hacen es ofrecer un marco para que estas puedan abrirse paso, de acuerdo con el ordenamiento constitucional.