Decisión doméstica sin impacto exterior

El Gobierno de España, tal y como se anunció hace unos días, ha aprobado el reconocimiento del Estado de Palestina. En una acción coordinada con solo otros dos países europeos, Noruega e Irlanda, se suma a los 143 estados que ya lo habían hecho hasta hoy, mayoritariamente países africanos, asiáticos y del sur del continente americano, aunque en breve sumarán 147 con Eslovenia. Esta decisión, tomada en el contexto de la grave situación humanitaria que ha desencadenado la respuesta israelí a la razia perpetrada por la organización terrorista Hamás el 7 octubre de 2023, ha sido tomada en plena campaña de las elecciones al Parlamento Europeo y ha de ser interpretada en clave estrictamente doméstica y como un intento de obtener un rédito electoral. No en vano, la opinión pública española es muy crítica con la actuación de Israel en Gaza y según un barómetro del Real Instituto Elcano, una entidad oficial, casi el 70% de los españoles califica de genocida la respuesta israelí y cerca del 80% apoya el reconocimiento de Palestina. 

El carácter interno de la decisión y el previsible escaso impacto que tendrá en la agenda exterior europea se explica por el estupor que esta cuestión suscita en la Unión Europea. En Europa los palestinos ya gozan del reconocimiento, realizado en la mayoría de los casos cuando no formaban parte de la UE, de Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia, pero no así de ninguno de los grandes estados europeos fundadores. Pero es que además este tampoco cuenta con el aval de EEUU, de Reino Unido o de Canadá, lo que deja a España en una posición minoritaria respecto de sus principales socios europeos y atlánticos. Y aunque Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea en Política Exterior y militante del PSOE, solidarizándose con España, ha afirmado que el reconocimiento del Estado de Palestina es una garantía para la seguridad de Israel, lo cierto es que no existe una posición común en el seno de la Unión, más allá de la histórica reivindicación de la solución de los dos estados. Y España en estos momentos no parece tener capacidad para liderar un cambio de posición, más teniendo en cuenta la hostil reacción que ha suscitado en Israel y que ha desatado un crisis diplomática entre ambos países.

Hace días que la diplomacia israelí, a través de las redes y por medio de montajes audiovisuales, ha censurado la decisión de España y ahora ha endurecido el tono, acusando a Sánchez de incitar al genocidio judío por reconocer el Estado de Palestina, una afirmación que se ha apoyado en las deplorables declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ya matizadas, en las que dio apoyo a un Estado palestino «desde el río hasta el mar». En vez de rebajar la tensión, el ministro Albares ha acusado a Israel de esparcir «bulos infames» y sus esfuerzos diplomáticos parecen centrarse en aquellos que apoyan su decisión, como demuestra el hecho que reciba hoy al Grupo de Contacto Árabe para Palestina formado por los ministro de Exteriores de Catar, Jordania, Arabia Saudí y Turquía. Pero los esfuerzos ahora deberían ir dirigidos a revertir las consecuencias. España no se puede conformar con el aplauso de Palestina y sus aliados, una actualización de la vieja «tradicional amistad con los árabes».