Reforma de la administración: el reto inaplazable

Los agricultores se han manifestado contra el papeleo y los controles que les ahogan, mientras los empresarios se quejan de la lentitud y trabas con que los gobiernos les castigan. A su vez, las entidades sociales denuncian que las ayudas públicas no llegan a sus destinatarios, y los ciudadanos nos lamentamos de las listas de espera en la sanidad, de las malas notas del sistema educativo en las pruebas PISA, y de la indiferencia -cuando no soberbia- con que somos tratados por algunos funcionarios. Son, todas ellas, muestras de la ineficacia administrativa. Pues bien: no se puede tener un país de calidad si no se dispone de una administración de calidad. Y, desgraciadamente, la nuestra no lo es mucho. ¿Por qué?

En primer lugar, todo el mundo tiene claro que, a partir de cierta dimensión, las empresas necesitan gestores profesionales que se hagan cargo. A pesar de esto, nuestras administraciones públicas (que son organizaciones a menudo de más envergadura y complejidad, y que afectan de lleno a nuestras vidas) están conducidas por personas la principal virtud de las cuales es tener un carné político. En cambio, en los países líderes, la dirección política (los objetivos a conseguir) la fijan los políticos, pero la gestión la hacen directivos públicos profesionales: especialistas competentes escogidos por su formación, capacidad y experiencia.

La colonización por parte de los partidos de la administración, sin embargo, no es la única anomalía que sufrimos. La burocratización creciente comporta pérdidas de tiempo y de dinero rellenando formularios crípticos, recibiendo inspecciones innecesarias, y experimentando frustración por no poder sacar adelante nuestros proyectos (desde un permiso de obras hasta una licencia de apertura de establecimiento o una plaza de guardería). Los políticos ya no pueden ignorar la tremenda irritación ciudadana que ocasiona este estado de cosas, y a pesar de que llevamos décadas oyendo promesas de que ahora sí lo arreglarán, constatamos que no se mejora, sino todo lo contrario. En consecuencia, si no hay un compromiso concreto de reducir en un tiempo determinado el número de normas, de podar los requerimientos y de simplificar los trámites, ya no nos los podemos creer más.

Y es que de poco sirve que tanto la Generalitat como los entes locales y el Estado estén digitalizados, porque a menudo los procedimientos no se han revisado antes y son los de siempre, con solo que ahora se hacen con ordenador. A la vez, las administraciones no se coordinan entre sí para hacer la vida más fácil a la gente, ni se adaptan a las características de cada persona y cada caso, pero es que tampoco cuidan a sus propios trabajadores: la captación, motivación y retención del talento (y la expulsión de las manzanas podridas) son, en el mundo público, asignaturas pendientes.

Por otro lado, el sector público no cuenta de manera suficiente con la sociedad civil, y no sabe sacar provecho ni gestionar eficazmente la colaboración que puede recibir del mundo privado -empresas y asociaciones-. Igualmente, le cuesta ser transparente (para evitar la presión que aparece cuando expones sus vergüenzas al sol), y hace un uso insuficiente y folclórico de la participación ciudadana. Por eso, hay que decirlo alto y claro: la administración ya no puede hacerlo todo ni a solas, ni sería bueno que lo pretendiera.

Finalmente, hay un déficit grave de evaluación, tanto de las políticas como del rendimiento de los servidores públicos, y ya se sabe que aquello que no se mide ni se evalúa no se puede mejorar. Teniendo en cuenta el esfuerzo que hacemos los ciudadanos para sostener económicamente a los aparatos públicos, nos merecemos que se saque todo el rendimiento posible de los recursos que ponemos a su disposición.

Este es el panorama actual, manifiestamente mejorable. Ante esta realidad, las entidades del FERA exigimos que, en esta campaña electoral, se debata sobre el funcionamiento de la administración de la Generalitat, y que la reforma de la administración y de la gestión pública sea una prioridad durante la próxima legislatura. Necesitamos menos burocracia, más gestión profesional, menos abusos de autoridad y más escuchar y servir a la gente. El diagnóstico está hecho y las soluciones se conocen (desde el mismo FERA hemos hecho 80 propuestas que supondrían una auténtica refundación de la administración). Solo falta voluntad política para aplicarlas.