El derecho a la “ñ”
Unos padres franceses, en el 2017, inscribieron a su hijo con el nombre de Fañch. Un juez se lo negó porque argumentó que utilizar la “ñ” implicaba “romper la voluntad del estado de derecho para mantener la unidad del país”
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Los Campos Elíseos de París / Philippe Wojazer
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Josep Maria Fonalleras
Escritor
De hecho, todo procede del latín y de su vulgarización. Pongamos dos ejemplos. "Vinea" derivó en “vinya”, en catalán, o en "viña", en español. En francés, fue “vigne”. La palabra "añojo", en otro caso, nos llega del latín "agnellus" y hace así en español, “anyell”, en catalán, o "agneau" en francés. Podríamos poner más ejemplos sobre la mesa. Determinados grupos de letras y combinaciones se transforman en un sonido nasal palatal que, en la lengua española, a diferencia de los dígrafos que utilizan el francés o el catalán, se escribe con una “ñ”. Ésta es una letra que no existe en la gramática francesa. Y ya sabemos que hay estados plurinacionales, autonomías más o menos respetadas, regiones con cierto estatus, estados centralizados y, mucho más allá, Francia. De tal forma que, para evitar que la patria se rompiera y después de múltiples leyes que imponen el francés por encima de los patrimonios regionales (ridículos, a efectos legales), en 2014 se publicó una circular que sólo admitía los siguientes signos a la hora de registrar a un bebé: à, â, ä, é, è, ê, ë, ï, î, ô, ö, ù, û, ü, ÿ, ç. La “ñ” no estaba. Pero resulta que hay lenguas, como el bretón, que sí que escriben con “ñ”. Unos padres, en el 2017, inscribieron a su hijo con el nombre de Fañch. Un juez se lo negó porque argumentó que utilizar la “ñ” implicaba “romper la voluntad del estado de derecho para mantener la unidad del país”. Ríete de las sentencias del proceso. Ahora, otros padres han vuelto a hacerlo y un juez, siete meses después del nacimiento, ha vuelto a gritarles el alto. O cambian el nombre del niño o el estado actuará en consecuencia. Tras el primer caso, el Tribunal de Apelaciones de Rennes reconoció el derecho de los padres, pero parece que el caso no dictó jurisprudencia. No en las altas instancias estatales, empeñadas en una campaña desproporcionada "a favor de la igualdad sin distinción de origen". Quizá debería intervenir el estado español y defender, en Europa, la singularidad hispana… y la bretona.
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