Deriva autoritaria en Grecia

El Parlamento Europeo ha alertado esta semana sobre la grave deriva autoritaria de Grecia bajo el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis, de Nueva Democracia y miembro del Partido Popular Europeo. En una dura resolución aprobada el 7 de febrero, la Eurocámara pide a la Comisión Europea que actúe contra Grecia por violar los principios democráticos, perseguir a los periodistas y medios de comunicación críticos, acosar a las organizaciones de la sociedad civil y connivencia con la corrupción. El Parlamento también pide evaluar la posibilidad de suspender el desembolso de fondos europeos al país.

Grecia se suma al grupo de países de la Unión Europea (UE) con derivas autoritarias, en el que destacan Hungría, Eslovaquia, Malta y Croacia y al que se ha incorporado Italia con la reforma política impulsada por el Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni para alterar el voto ciudadano y regalar al partido más votado una mayoría absoluta parlamentaria del 55% aunque haya obtenido menos del 30% en las urnas.

El Parlamento Europeo reprocha a Grecia el debilitamiento de los contrapesos institucionales, como la intimidación a fiscales que investigaban al Gobierno, la privación de medios al Defensor del Pueblo y el relevo de la Autoridad para la Seguridad y Privacidad de las Comunicaciones (ADAE) para frenar la investigación sobre el espionaje telefónico con el programa Predator a periodistas, oposición, ministros y funcionarios realizado por el Servicio de Inteligencia (EYP), bajo control directo del primer ministro Mitsotakis.

Acoso a periodistas y activistas

A lo largo de 11 páginas, la resolución detalla el acoso a periodistas y activistas humanitarios con amenazas y querellas judiciales, el control oligárquico de los principales medios de comunicación que silencia los escándalos gubernamentales, los abusos contra los inmigrantes y refugiados, el elevado nivel de corrupción en un clima de impunidad, las dudas sobre la integridad de las fuerzas policiales y la negativa a atender la petición de la Fiscalía Europea para investigar a dos exministros de Transportes por el fraude de 700 millones de subvenciones para la seguridad ferroviaria tras la catástrofe ferroviaria de Tempi.

Grecia ha caído al nivel 107 del Índice de Libertad de Prensa del Reporteros sin Fronteras, situándose muy por detrás de Hungría, Bulgaria y Malta. Grecia también suspende en el Índice de Corrupción de Transparency International, con 49 puntos sobre 100, sumándose al grupo de países más corruptos de la UE (Rumanía, Bulgaria y Hungría).

Como la Comisión Europea está dominada por el Partido Popular Europeo (PPE), es poco probable que actúe contra el Gobierno griego. Mientras el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue miembro del PPE, la Comisión Europea se mostró pasiva pese a que instauró un régimen autoritario con elecciones y tuvo que ser el Parlamento Europeo quien instó en septiembre de 2018 la apertura del expediente por violación de los principios democráticos. La Comisión Europea ha abierto esta semana otro procedimiento contra Hungría por la ley de soberanía nacional que busca silenciar cualquier voz crítica. Paradójicamente, esta ley ya existía cuando la Comisión Europea aprobó desbloquear el 13 de diciembre parte de las ayudas europeas suspendidas a Hungría para comprar el voto de Orbán a favor de abrir las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE.

Deterioro de Malta

El Parlamento Europeo también advirtió hace pocos meses del deterioro democrático en Malta, la cultura de la impunidad favorecida desde el Gobierno, la venta de la ciudadanía maltesa a extranjeros y el acoso y persecución judicial a los periodistas críticos, en este caso bajo sucesivos gobiernos laboristas desde 2013. La resolución, que tampoco ha generado sanciones de la Comisión Europea, detalla la compra de votos, el uso por el Gobierno de datos sobre las preferencias políticas de los ciudadanos para discriminar y denegar servicios públicos, la falta de procesamiento de exministros y altos cargos implicados en corrupción y blanqueo de capitales, el desinterés en identificar y condenar al instigador del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017, el empeño de las autoridades en suspender los procedimientos judiciales del escándalo del Pilatus Bank, la intimidación policial a activistas cívicos, la financiación discriminatoria de los medios de comunicación y la impunidad concedida al antiguo primer ministro, a su jefe de gabinete y al exministro de Turismo y Energía señalados por las investigaciones de Caruana Galizia.

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