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Editorial
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Acuerdo en el subsidio de paro
El Gobierno salva el último choque entre Calviño y Díaz con una reforma que amplía la cobertura al desempleo
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La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. / Eduardo Parra / Europa Press
El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto ley que reforma el subsidio por desempleo, uno de los asuntos que más ha enfrentado a las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz en el último año. La fórmula finalmente adoptada se consiguió tras unas intensas negociaciones en las que tanto la ministra de Economía como la de Trabajo tuvieron que ceder en sus pretensiones máximas, pero que recoge puntos esenciales de ambas propuestas. La cuantía de este subsidio (que reciben las personas que han agotado la prestación contributiva o no tienen derecho a ella) eleva su importe de los 480 euros actuales hasta los 570 euros, pero solo durante los seis primeros meses, puesto que después la cifra se va reduciendo gradualmente hasta los 480 euros a partir de los 12 meses. Así, se sube la cuantía, pero sin llegar a los 660 que planteaba Díaz, y a la vez se reduce el cobro gradualmente, como proponía Calviño.
Sin querer dilucidar cuál de las dos almas económicas del Gobierno se ha impuesto más, lo esencial es que ha predominado la voluntad de acuerdo y que se ha salvado el último choque entre dos visiones distintas de la política económica. Casi sobre la bocina, porque Bruselas exigía cerrar la reforma sobre el subsidio de paro antes de finalizar el año para desembolsar un nuevo pago de 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Aunque haya tardado más de lo debido, el Gobierno ha vuelto a salir airoso de fricciones internas. Sin embargo, para que el decreto salga adelante tiene que ser convalidado en el Congreso, para lo que necesitará unos votos que el Ejecutivo no tiene garantizados.
En lo que respecta al acuerdo, la reforma representa avances que merece la pena destacar. Entre ellos, la ampliación de la cobertura a unos 400.000 nuevos potenciales beneficiarios (frente a los casi 900.000 actuales), ya que se añaden los temporeros y los menores de 45 años sin cargas familiares. También es importante la posibilidad de compatibilizar su cobro con un empleo, lo que facilitará la reincorporación laboral. Asimismo, la eliminación del mes de espera para cobrar la ayuda aportará bienestar en situaciones de urgencia económica. Unos mecanismos de control trimestral y la obligación de presentar la declaración de la renta son las novedades, planteadas por Economía, para luchar contra el fraude en este ámbito. Extremar la eficiencia y el buen funcionamiento de esta ayuda ayudará a evitar su estigmatización o a generalizaciones que no se corresponden con la realidad. El subsidio de desempleo es un colchón para personas a las que se le han cerrado otras puertas. Se trata de una figura necesaria, pero que debe tener un carácter temporal ya que el objetivo es la reintroducción al mercado laboral cuanto antes. Un objetivo que por sí solo el subsidio no consigue, sino que debe ir acompañado de políticas activas de empleo.
Los choques entre Calviño y Díaz (también han discrepado en el salario mínimo y el impuesto a la banca, entre otros) evidencian las diferencias de modelo económico de las dos fuerzas de la coalición de Gobierno, unas discrepancias que probablemente no cesen con la marcha de la primera al Banco Europeo de Inversiones. Hará falta talante negociador, dentro y fuera del Ejecutivo, para buscar puntos en común en una legislatura donde la necesidad de pactos será la tónica. Como igualmente necesaria es la estabilidad para un Gobierno que debe sacar adelante los Presupuestos.
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