La sensatez se impone frente al teléfono móvil

El 53% de los institutos de enseñanza en Catalunya han regulado ya el uso de los teléfonos móviles en las aulas en el marco de su autonomía como centros educativos. Y la regulación va más en la línea de educar en el uso y el establecimiento de límites que no en la prohibición. Este dato despeja, en principio, las dudas sobre la necesidad de hacer una regulación legal que, seamos realistas, sería muy difícil de hacer cumplir. Paralelamente, y en la misma línea autogestionaria, se extienden también los grupos de padres que tratan de sindicar entre ellos las normas familiares respecto al uso de los teléfonos llamados inteligentes. En el fondo es el reconocimiento de que es su responsabilidad y no solo la de los profesores o las autoridades. El uso desbocado del móvil tiene más que ver con la ausencia casi absoluta de límites en el comportamiento de los menores en muchas familias que en el atractivo presuntamente irresistible de la tecnología. 

Por la rendija de la tecnofobia se cuelan demasiadas veces muchas otras fobias: al capitalismo, al progreso, a la libertad individual o a la emancipación de los jóvenes. Y cuando se entremezclan tantas fobias se acostumbra a concluir con la exigencia de una prohibición por ley que, en casos como este, puede ser tan contundente como ineficaz.

La historia se repite. Pasó con la imprenta, con los diarios, con la radio o la televisión. Sus apologetas comerciales les atribuyen unas potencialidades extraordinarias para asegurar su expansión. Pero sin ningún tipo de demostración empírica. Y esa impronta da alas a los sectores más conservadores para reclamar que los nuevos artilugios se quemen en las hogueras o se prohíban por ley. En este caso, las instituciones hacen bien en aguantar el tirón y que la situación se encauce dentro de la autonomía de los centros escolares y de la responsabilidad de los progenitores. No es una muestra de debilidad como algunos han insinuado sino de inteligencia. 

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