¿Solo un borrador con pompa?
Para ser efectivo, el pacto de Gobierno PSOE-Sumar necesitaría el apoyo de ERC, JxCat, Bildu, PNV y BNG. Y alguno de estos podría exigir e imponer cambios sustanciales
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Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. / José Luis Roca
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Joan Tapia
Presidente del Comité Editorial de EL PERIÓDICO.
¿Qué significa el pacto de Gobierno firmado el martes, con toda pompa y abundantes invocaciones izquierdosas, entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz? Antes que nada, una gran exageración, fruto de confundir los deseos con la realidad. E intentar hacerlos tragar. No es un pacto de Gobierno porque los firmantes se quedan lejos de la mayoría necesaria para la investidura, para la que también necesitan a ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG. Y está claro que hoy este acuerdo está tan lejos como la semana pasada.
¿Seguimos pues en el tiempo muerto que analicé el domingo? Básicamente sí, pero no del todo pues el acuerdo PSOE-Sumar es condición necesaria, aunque no suficiente, para alcanzar luego un pacto de investidura y por tanto de Gobierno. No es pues un pacto de Gobierno, sino un primer borrador de pacto que, eso sí, ha sido presentando con gran pompa. Porque es una presión a Puigdemont para que vaya asumiendo que el tiempo no es infinito. Pero, más importante, es un mensaje al electorado muy diverso, contrario al PP, que sumó mayoría el pasado 23 de julio, de que la investidura de Sánchez va adelante y que no será como la de Feijóo que acabó con los mismos 172 diputados, a cuatro de la mayoría absoluta, de la que partió.
Pero hay más pompa y propaganda que sustancia porque ya desde antes del 23J se sabía que el PSOE y Sumar, si la mezcla de los 10 partidos de la coalición de Yolanda Díaz no explotaba, estarían de acuerdo -si podían- en intentar gobernar. Y pueden porque el PP y Vox no tiene mayoría y la coalición Sumar, aunque surgen grietas -Pablo Echenique acaba de decir que con Yolanda Díaz vuelve la vieja política- no es previsible que se desintegre a corto. No antes de la posible investidura.
Pero este prepacto con pompa es también una especie de juramento entre el PSOE y Sumar de volver a intentarlo si al final no hay investidura y vamos a nuevas elecciones el próximo 14 de enero. Hay que reafirmarse en que la investidura está más cerca, aunque sea incierto. Y que si falla el electorado de izquierdas no caiga en el desánimo y se desmovilice. En todo caso la culpa sería de Puigdemont y se volverá a decir que Junts es la derecha catalana.
El documento indica una cierta radicalización. La reforma laboral se pactó con la CEOE y ahora la reducción de la jornada laboral y el despido compensatorio se quieren imponer por ley
Por eso, el documento no habla de la amnistía -es un asunto a tratar con el dividido independentismo catalán y el posible escollo de la investidura- y apuesta por una cierta radicalización del pasado Gobierno Frankenstein. No profundicemos, pero la pasada legislatura -o al menos su primera parte- se caracterizó en los asuntos socioeconómicos por una firme voluntad de concertación. Así la reforma laboral -que ha funcionado más bien que mal- tuvo la ventaja de haber sido negociada hasta el último detalle con los sindicatos y con el empresariado, básicamente con la CEOE de Garamendi, intelectualmente armado por Fátima Báñez, la antigua ministra de Trabajo de Rajoy. El PP se opuso, con la excepción providencial por equivocación de uno de sus diputados, pero se quedó solo.
Ahora es muy diferente. Se quiere reducir por ley la jornada laboral de 40 a 37,5 horas buscando luego -no antes- el acuerdo con los empresarios. Implementemos juntos lo que ya os hemos impuesto. Y lo mismo pasa cuando se trata de incrementar en algunos casos el coste del despido “compensatorio”, lo que de alguna forma rompería el pacto de la reforma laboral. Es evidente que reducir la jornada de trabajo manteniendo el salario podría reducir la competitividad de algunos sectores y de las empresas de más reducida dimensión. Por eso los empresarios han salido en tromba en contra. Aunque un dirigente patronal me dice que no le preocupa demasiado porque solo es propaganda, un brindis al sol. En el caso de que haya investidura ni el PNV ni Junts avalarán nunca -dice- una reducción sin negociación con los empresarios de la jornada laboral.
Por cierto, en la negociación social parece que la CEOE puede perder la exclusividad que hasta ahora tenía (gracias a que Cepyme era la voz de la pequeña empresa), con el reconocimiento de Conpymes, otra patronal española de la pequeña y mediana empresa cuyo animador principal es Antoni Cañete, presidente de la Pimec catalana. ¿Cómo funcionaría un nuevo triángulo empresarial Garamendi-Sánchez Llibre-Cañete?
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