Las consecuencias de incumplir la ZBE

El Ayuntamiento de Badalona, presidido desde las últimas elecciones municipales por Xavier García Albiol (PP), ha decidido llevar al pleno consistorial una moratoria de tres años, hasta enero de 2027, de la aplicación de las restricciones de vehículos en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). La reacción inmediata, tanto del Govern como del Gobierno progresista en funciones, fue la de oponerse radicalmente a la intención del alcalde badalonés y, en el caso del Ejecutivo central, se llegó a ir un paso más allá: Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, planteó la opción de llevar a los tribunales la moratoria que pretende impulsar García Albiol. El alcalde aprovecha el hecho de que la ley de cambio climático no incluye un régimen sancionador (una debilidad clara a la hora de que los municipios se impliquen con la ZBE; de hecho, solo 17 de los casi 150 municipios obligados a ello la cumplen). Esto no significa que no haya consecuencias para los municipios díscolos, que podrían tener que devolver las ayudas recibidas de los fondos europeos condicionados a programas medioambientales. En el caso de Badalona, 2,5 millones de euros.

Albiol trató de justificar su postura bajo el argumento de que hay unos 40.000 vehículos censados en la ciudad que no cumplen con los requisitos marcados por la ZBE y que muchos de sus conciudadanos no pueden permitirse el cambio de un vehículo que, en muchos casos, es un medio imprescindible para ir a trabajar. De modo que vemos de nuevo como la cuestión ambiental se convierte en motivo de choque ideológico. Desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en diciembre de 2022, condenó a España por el incumplimiento sistemático de Barcelona y Madrid de la directiva europea sobre la calidad del aire, durante al menos ocho años, la necesidad de las Zonas de Bajas Emisiones (en vigor desde enero de este año) quedó fuera de toda discusión, excepto para aquellos que niegan los efectos del cambio climático sobre nuestras vidas. No únicamente por cuestiones jurídicas o normativas: tal como señalan expertos ambientalistas, la contaminación del aire en las grandes urbes tiene su reflejo en un claro aumento de las enfermedades respiratorias de sus habitantes (asma, bronquitis, etcétera) y en un crecimiento de defunciones prematuras en el conjunto del área de Barcelona.

Ahora bien, pese a la necesidad de implementar la ZBE en urbes densamente pobladas y con altos niveles de contaminación, se hace necesario que dicha aplicación se haga desde el consenso y la colaboración de las distintas administraciones implicadas, antes de embarcarse en un proceso de restricciones y multas. Tampoco habría que dejar en saco roto alguna de las objeciones planteadas por el alcalde badalonés (como las dificultades de muchos ciudadanos para acceder económicamente a un vehículo eléctrico que sustituya al contaminante) o por quienes desde hace tiempo reclaman alternativas viables y eficaces al uso del vehículo privado, especialmente de aquellos ciudadanos que viven fuera de Barcelona y su primera corona metropolitana, con más déficit de transporte público. La ZBE no puede cuestionarse, pero su puesta en práctica sí puede dialogarse. En beneficio de todos.