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La escuela, a examen

El curso empieza sin la tensión de años anteriores, pero con no menos problemas a resolver sobre la mesa

Los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial volvieron ayer a las aulas.

Los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial volvieron ayer a las aulas. / Álex Zea

El próximo miércoles empieza el curso escolar en Catalunya en las etapas de escolarización obligatoria. Sin que, en esta ocasión, el adelanto de fechas, que deja una semana al profesorado entre que se incorpora a los centros para preparar el curso y recibe a los alumnos, haya creado el terremoto que causó cuando se planteó.

Normalizada esta cuestión que irritó a los docentes pero no necesariamente a las familias, a quienes hacía más llevadera la transición entre vacaciones y retorno, desde el punto de vista de la organización del horario y su armonización con el de las familias ahora está sobre la mesa la jornada partida en los institutos.

Los datos muestran que en los centros hay resistencia a acotarla y la ‘consellera’ de Educació, Anna Simó, plantea la necesidad de hacer un estudio "del impacto social y pedagógico" de ese modelo de jornada. Los informes de expertos en que se basó la jornada continua argumentaron técnicamente que el horario de mejor rendimiento era el más madrugador. Pero a la hora de tomar la medida quizá tuvo un peso no menor la conveniencia horaria del profesorado, que aspiraba legítimamente a una organización del tiempo racional pero que las familias en cambio no se podían permitir.

Ahora se están apuntando las consecuencias negativas de la jornada continua en cuanto a la distribución de los horarios de descanso y alimentación de los adolescentes, y los perjuicios en las familias con menos recursos y menos capacidad de disponer de alternativas formativas durante las tardes. Esta vez, como dice la ‘consellera’, el impacto social se debería medir. Y hacerlo más allá de los estrictos intereses, con acompañamiento teórico o no, del colectivo docente.

Tras las últimas sentencias del TSJC, con unos tribunales inclinados a dictaminar instrucciones específicas sobre el uso de las lenguas en las escuelas y una Administración tendente a ignorarlas, el uso de la lengua en la escuela volverá a ser materia de conflicto. Y eso a pesar del consenso político en Catalunya sobre la necesidad de que el catalán sea el centro del sistema educativo, ante las señales que indican que su uso entre la población escolar decae, y de que, al mismo tiempo, la presencia de la lengua castellana sea la necesaria para asegurar el conocimiento suficiente de ambas lenguas.

El debate deberá estar sobre la mesa y plantearse en estos términos. Pero al mismo tiempo se debería evitar que su politización le otorgue más peso en la discusión pública que la multitud de retos que tiene planteada la escuela. La erosión de las competencias lectora y matemática, el repunte del machismo y el racismo entre los adolescentes, el crecimiento necesario de la FP, que el proceso de innovación en el que pesen más las competencias que la adquisición pasiva de conocimiento sea un proceso de mejora de la calidad y no de infantilización indulgente de la secundaria... Son problemas que no tienen soluciones mágicas, como la falsa salida de expulsar las pantallas de la escuela cuando justo es la única que puede aspirar a trabajar para hacer un uso responsable y constructivo de las nuevas tecnologías.

La escuela no puede hacerse responsable de todo, pero no puede desentenderse de ninguna de sus funciones sociales, igual que la administración educativa catalana no puede señalar hacia otro lado cuando está gestionando un sistema educativo que ha conformado bajo su casi exclusiva responsabilidad durante las últimas cuatro décadas.