Amnistía o reconciliación

El debate sobre la amnistía centrará las negociaciones para la investidura. La única posibilidad de que Pedro Sánchez obtenga el sí de Carles Puigdemont es abriéndose a tramitar una ley en este sentido, que será recurrida por el PP ante el TC. Hay debate entre los juristas sobre su eventual constitucionalidad. Literalmente, la amnistía no está prohibida, pero hay importantes argumentos, como exponía Xavier Arbós, para interpretar que no es posible. Promulgar una amnistía política en democracia es una aberración, pues presupone que los delitos cometidos no eran tales. Una cosa es perdonar el castigo, a través de un indulto por criterios de interés general, y otra afirmar que no hubo delito alguno, ni tan siquiera de desobediencia. El Gobierno Sánchez ya borró la sedición en el Código Penal, lo que puede interpretarse como una amnistía parcial encubierta, y modificó el delito de malversación para rebajar el castigo, extremo que el Tribunal Supremo evitó. 

Lo que exige ahora el independentismo es una ley que haga tabla rasa con todas las causas judiciales que se derivan del 'procés'. No se conforman con un perdón a posteriori, vía indultos. Pero el 'procés', además de ilegal, fue democráticamente ilegítimo, pues con el 47% de los votos los separatistas no podían ni tan siquiera reformar el Estatuto. El referéndum del 1 de octubre no figuraba tampoco en el programa electoral de Junts pel Sí. Fue un invento de Puigdemont en 2016 para satisfacer a la CUP, que les había tumbado los Presupuestos. Afortunadamente, todo ello queda ya muy lejos, no hubo derramamiento de sangre, y en la sociedad catalana hay ganas de olvidar esa etapa. Si el independentismo quiere un borrón y cuenta nueva tendrá que hacer algo para la reconciliación, empezando por pedir perdón al resto de los catalanes y dejar claro que no lo volverá a hacer. Si la amnistía es constitucionalmente viable solo puede plantearse como resultado de un proceso de reconciliación entre todas las partes, y no como un chantaje a cambio de la Moncloa mientras Puigdemont y los suyos siguen hablando del “mandato del 1-O”.

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