Opinión |
Editorial
Editorial

Editorial

Los editoriales están elaborados por el equipo de Opinión de El Periódico y la dirección editorial

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sequía: estábamos avisados

Catalunya activa por primera vez la alerta máxima por sequía y pone en emergencia a 22 municipios del Empordà

La entrada en emergencia por sequía indigna a los ayuntamientos: "Es imposible controlar quién riega su jardín"

parroquia darnius girona organiza misa sequia pantano municipio

parroquia darnius girona organiza misa sequia pantano municipio / Lorena Sopeña / Europa Press

Ya el pasado mes de noviembre se declaró el estado de alerta por sequía en el área metropolitana de Barcelona, seguido esta primavera por la decisión de situar en estado de excepcionalidad a gran parte de Catalunya. El siguiente paso, después de que las lluvias de los meses pasados solo sirviesen para aplazarlo por un tiempo, ha llegado esta semana, con 24 municipios catalanes emplazados ya a tomar las medidas propias de una situación de emergencia. Cada una de estas decisiones supone, respectivamente, y además de varias limitaciones concretas que afectan a particulares, administraciones y empresas, unos límites de consumo individual de 250, 230 y 200 litros por persona y día. No son pocos los municipios catalanes cuyo consumo sigue superando estos límites, tanto el más laxo como el más estricto, y que se encontrarán con serias dificultades para cumplir con las exigencias de la Agència Catalana del Aigua (ACA) a medida que se vayan ampliando en el territorio.  

El debate en este momento se centra en cuáles son los instrumentos de los ayuntamientos para detectar los incumplimientos y hacer cumplir las medidas de ahorro. Hay reproches cruzados:desde el ACA se apunta a municipios con zonas residenciales en que no solo las estadísticas de consumo siguen disparadas sino el que el estado de piscinas y jardines hace sospechar poco compromiso de los ciudadanos con las medidas de ahorro y poca implicación de los poderes locales para indisponerse con ellos. Desde diversas alcaldías se reprocha, por su parte, que se delegue toda la responsabilidad de ejecutar las medidas de ahorro, en plena emergencia de país, en municipios que no disponen en muchos casos de recursos técnicos ni humanos.

En ambas posturas parece haber parte de razón. Porque como aseguraba en una entrevista con este diario el pasado mes de marzo Samuel Reyes, director de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), «esta sequía hay que pasarla como podamos». Este «como podamos» implica un reconocimiento de que, colectivamente, llegamos tarde. En este momento solo estamos en condiciones de emprender, a corto plazo, soluciones de emergencia, limitadas e insuficientes, confiando en que la responsabilidad de todos sirva para evitar la única medida de la que no escapatoria posible, los cortes de suministro.

Tras muchos meses en que el horizonte de las restricciones se iba acercando paulatinamente, algunas de las insuficiencias que ahora se señalan (carencias en las ordenanzas municipales para habilitar las medidas de control necesarias, dudas sobre la legalidad de algunas de ellas, como la vigilancia por drones) se podrían haber aclarado a tiempo, por ambas partes, en lugar de haber dejado correr el reloj. Pero la tardanza realmente relevante es la acumulada en los últimos años a la hora de dar respuestas estructurales a una situación de escasez hídrica que también lo es. Solo una mínima parte de las inversiones necesarias y ahora reactivadas para revisar las fugas en la red de distribución y desplegar infraestructuras de regeneración y reutilización de agua llegarán a tiempo para paliar la actual sequía, pero no es menos urgente ponerlas en marcha para estar preparados ante las sequías que vendrán.