España preside la UE en un periodo clave

España asume desde este 1 de julio su quinta presidencia semestral de la Unión Europea (UE) en un momento decisivo para el futuro europeo, con la guerra de Ucrania en su frontera oriental, una implacable competencia económica y tecnológica por parte de aliados (EEUU) y rivales (China) y el impacto muy patente de un cambio climático cada vez más acelerado. El Gobierno de Pedro Sánchez ha elaborado un programa ambicioso para reforzar a la UE como gran potencia mundial, basado en impulsar la reindustrialización, la transición energética, la política social y la unidad interna. A pesar de esa ambiciosa agenda, coordinada con la presidencia belga del primer semestre de 2024, la presidencia española de la UE está lastrada por la celebración de las elecciones legislativas anticipadas del 23 de julio, la actitud beligerante del PP para desprestigiar al Gobierno en las instituciones europeas y la posibilidad de un Gobierno del PP con la ultraderecha en septiembre, según el resultado de los comicios.

La presentación de los objetivos de la presidencia por Pedro Sánchez en el pleno del Parlamento Europeo el 13 de julio tuvo que aplazarse hasta septiembre por la presión del líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, que promueve una alianza con la ultraderecha a nivel europeo, como la existente en Italia, Suecia y Finlandia a nivel estatal y en Austria y España, a nivel regional. El PP boicoteó el pasado 17 de abril en el Parlamento Europeo en Estrasburgo la presentación a los eurodiputados españoles de las prioridades de la presidencia por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. A lo largo de los últimos 18 meses, el PP ha emprendido diversas campañas ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para cuestionar infundadamente la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno, que podían haber puesto en riesgo esas ayudas, con el consiguiente perjuicio a la economía española.

Prioridades del mandato

El programa de la presidencia española se encuadra en cuatro prioridades: reindustrializar la UE y garantizar su autonomía estratégica abierta, avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental, impulsar una mayor justicia social y económica y reforzar la unidad europea. La cumbre de la UE con la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) el 17 y 18 de julio en Bruselas es una de las citas emblemáticas. El Gobierno aspira a revitalizar las relaciones políticas, económicas y comerciales europeas con Latinoamérica y contrarrestar la dominante influencia actual de China, que se ha convertido en el principal socio comercial e inversor extranjero en Sudamérica. Otra cita clave para dar un impulso político a la propia UE será la cumbre informal de los líderes de los Veintisiete el 6 de octubre en Granada y la reunión la víspera también en Granada de la Comunidad Política Europea, que agrupa a la UE, los países candidatos y del Cáucaso, Reino Unido, Suiza, Noruega e Islandia.

Uno de los objetivos de la presidencia española que afronta mayores dificultades es la reforma de las reglas de reducción del déficit y la deuda pública para evitar que la economía europea quede ahogada de nuevo por una política de austeridad que impida emprender las inversiones indispensables para la transición verde, la reindustrialización y la recuperación del retraso tecnológico de la UE. La reforma choca con la resistencia de Alemania y otros estados del centro y el norte autodenominados frugales. La reforma del mercado eléctrico para acelerar el despliegue de las energías renovables y reducir los precios de la electricidad, mucho más caros en la UE que en sus principales competidores (EEUU, China), también tropieza con las reticencias de Alemania y otros países del norte, al igual que la ampliación del marco presupuestario plurianual 2021-2027 de la UE para adaptarlo a los actuales retos geopolíticos y migratorios.

Adhesión de Ucrania

Los planes españoles para acabar con la “injusticia social” que supone la evasión fiscal de las grandes fortunas y compañías y el uso para ello de sociedades pantalla requieren la unanimidad y chocan con la oposición de los estados de la UE que se enriquecen gracias a su actuación como paraísos fiscales, como Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Malta y Chipre. España también deberá buscar una posición consensuada de cara a diciembre sobre el inicio de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE, con el obstáculo de que Kiev de momento sólo cumple dos de las siete condiciones fijadas, según la Comisión Europea.  

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