Unos pactos que señalan al 23J
Si Feijóo se ha lanzado a cerrar rápidamente los acuerdos con la ultraderecha es porque es consciente de que los de Abascal ya no dan miedo y porque necesita, con la misma celeridad, normalizar a Vox como socio
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Carlos Mazón / GERMÁN CABALLERO
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Rosa Paz
Periodista. Comité editorial de EL PERIÓDICO
Rosa Paz
La consumación de los pactos del PP con Vox para gobernar en varias comunidades autónomas y ayuntamientos en los que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha sido la fuerza más votada —o no— elimina cualquier rastro de duda, si la hubiera, sobre qué ocurrirá el 23J si la suma de los populares con la ultraderecha les ofrece la posibilidad de alcanzar la Moncloa. Nadie podrá llamarse a engaño. Habrá pacto con Vox y, siguiendo la senda de lo que están haciendo en las autonomías, muy probablemente Santiago Abascal será el vicepresidente del Gobierno de España y quién sabe si alguien como Ortega Smith será el presidente del Congreso de los Diputados. Si Feijóo se ha lanzado a cerrar rápidamente los acuerdos con la ultraderecha es porque es consciente de que los de Abascal ya no dan miedo y porque necesita, con la misma celeridad, normalizar a Vox como socio, porque es el único partido con el que podrá alcanzar una alianza para gobernar. La derecha ha sabido jugar muy bien la excusa de los pactos del PSOE con Podemos y, más aún con Bildu, aunque estos últimos no sean para ocupar instituciones, para quitarle hierro a la extrema derecha.
El problema estriba, no obstante, no tanto en con quién se pacta sino en cuál es el contenido de los acuerdos. Porque, al igual que ocurrió hace dos años en Castilla y León, ahora en la Comunidad Valenciana el PP ha aceptado prácticamente todas las condiciones impuestas por Vox sobre violencia machista, pin parental, inmigración, okupación…, añadiendo en esta última autonomía la cuestión lingüística. Cabe la duda de si esas cesiones responden a la debilidad, es decir, a la necesidad de pactar a cualquier precio, o si es simplemente que la sensibilidad de los dirigentes populares es escasa o nula en cuestiones como la de la violencia contra las mujeres, que pasará a llamarse violencia intrafamiliar allá donde gobiernen con los negacionistas de Vox, o sobre la necesidad de enseñar a los niños que todas las personas son iguales sean del sexo, color, credo o tendencia sexual que sean. Lo pactado parece un retroceso en toda regla de los avances conseguidos en las últimas décadas.
Podría ser también que Feijóo esté intentado presionar a los socialistas para que favorezcan su investidura, como ya hicieron en 2016 con la de Mariano Rajoy, utilizando la estrategia de susto o muerte: “Si pactamos con Vox habrá involución, como se ve en comunidades y ayuntamientos, pero si el PSOE nos facilita el Gobierno nos portaremos bien”. Es curioso, porque ese empeño del líder del PP en que los socialistas le provean de los apoyos que le falten para alcanzar el poder si resultara ser él el más votado no se corresponde en ningún caso con lo que está haciendo ahora en los gobiernos autonómicos y locales. Ni en uno solo de los lugares donde el PSOE ha sido primera fuerza Feijóo les ha dejado gobernar. Como no lo hizo el PP en 2019 en las comunidades de Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León, ni le ofreció su ayuda tras las dos elecciones generales que se celebraron aquel año y que ganó Pedro Sánchez.
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