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Fiscalidad y salarios
Albert Sáez
Director de EL PERIÓDICO
Soy periodista. Ahora en EL PERIÓDICO. También doy clases en la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Albert Sáez
Hace más de una década que para saber cuál será la verdadera política económica de España hay que remitirse a los documentos que envía el Gobierno de turno a la UE donde se explica aquello que se debe hacer pero se pretende ocultar por impopular. Agustí Sala ha escudriñado el informe de este año que se lanzó el pasado viernes y que recoge las previsiones del Ministerio de Hacienda para cumplir con las reglas fiscales que volverán a estar en vigor a partir del 2024. El Gobierno publicitó lo bonito del plan: se prevé crear un millón de puestos de trabajo y se domesticará el déficit hasta el 3% en los presupuestos del 2024, antes de lo que pretenden exigir los países frugales de la UE. Pero, ahora, también sabemos que eso se hará en base a incrementar la presión fiscal a razón de una décima del PIB cada año, 1.320 millones más de impuestos cada ejercicio. A algunos les parecerá poco, pero ya suma más del 40% del PIB, es decir, 4 de cada 10 euros de riqueza que se crea en España se lo gasta el Estado anualmente. Aunque el ministerio argumente que es el resultado del dinamismo económico y de la lucha contra el fraude, lo cierto es que ambos factores incrementan también el denominador de manera que hay algo más y ese algo más es que no se contempla deflactar los impuestos para contrarrestar la inflación que en el 2022 regaló al Estado 10.000 millones más de ingresos una vez descontados los gastos de las ayudas que se dieron para frenarla.
El debate sobre la fiscalidad será muy importante en los próximos años. La pandemia y la invasión de Ucrania han avalado el crecimiento del gasto público y tiene sentido tras los años de austeridad. Pero la socialdemocracia haría muy bien en este momento en releer a Tony Judt cuando explicó el auge del neoliberalismo de los años 80 del siglo pasado. El maximalismo fiscal en un sentido o en otro es un error. La cuestión básica es la eficiencia. Los costes del Estado deben crecer al ritmo de la economía real para tener un efecto neutro. Si crecen al ritmo de la inflación, lo único que hacen es retirar dinero del bolsillo de los ciudadanos, también de los trabajadores que preferirían, según dicen los sindicatos, que les subieran el sueldo.
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