Naufragio del Tribunal Constitucional
El procedimiento de la reforma de las leyes del TC y el Poder Judicial a través del Código Penal es defectuoso, pero no tanto como para amordazar a todo un parlamento antes de que pueda siquiera votar
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Pedro Sánchez ,el presidente del Constitucional González-Trevijano y Meritxell Batet / David Castro
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Jordi Nieva-Fenoll
Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona.
Muchos se resistirán a asumirlo. Pero este lunes por la noche, seis magistrados del Tribunal Constitucional provocaron una brecha irreparable en el casco de esa nave crucial de nuestro sistema institucional que es el Tribunal Constitucional. Lo hicieron, es curioso pensarlo, intentando seguir navegando en su puente de mando. Pese a la brusca maniobra perpetrada, ahora mismo solo queda un barco de enormes dimensiones que, aún no hundido del todo, se va a pique. ¿Qué ha pasado?
Esos seis magistrados cometieron tres errores fatales que explicaré en estas breves líneas. El primero fue renunciar dos de ellos a su imparcialidad. El segundo, detener ilegítimamente la actividad de un Parlamento. El tercero, hacer política, aunque ese mal ya viene de muy lejos en ese tribunal.
La independencia e imparcialidad de un juez son esenciales. Sin ellas, un juez deja de serlo, y los magistrados del Tribunal Constitucional actúan como tales jueces, incuestionablemente en un recurso de amparo, como es el caso. Debían evaluar la admisión a trámite de un recurso contra dos enmiendas legislativas que, de prosperar en el Congreso y en el Senado, hubieran supuesto su cese como magistrados, que debió haberse producido hace meses, por cierto. Por tanto, está claro que teniendo el objeto del proceso un evidente impacto directo en sus personas, tenían el deber inexcusable de abstenerse al amparo del art. 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si cualquier juez ordinario en análoga situación no se hubiera abstenido, hubiera incurrido en falta muy grave al amparo del art. 416.8 de la misma ley.
Pero no solo no se abstuvieron sino que inadmitieron las recusaciones presentadas por no tener legitimación los recusantes, a pesar de que una décima de segundo después, en la misma resolución, admitieron dicha legitimación “por ostentar interés legítimo”. ¿En qué quedamos? Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la imparcialidad de sus magistrados es más laxa que sobre los jueces ordinarios, más que nada para preservar su 'quorum'. Pero ninguna laxitud puede justificar una vulneración frontal de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige que la imparcialidad exista en realidad y en apariencia. En este caso, la apariencia de imparcialidad es obviamente inexistente.
Acto seguido, dieron lugar a una medida –mal llamada– cautelarísima sin escuchar a las partes, que solo se justifica si, de no adoptarse, pudiera producirse un perjuicio irreparable. ¿Cuál sería el perjuicio irreparable? ¿Acaso la pérdida de la condición de magistrados de los dos recusados, que llevan meses con el mandato caducado? Y para ello, no dudaron en paralizar la actividad del Parlamento, en contra del parecer del letrado de más experiencia del propio Tribunal Constitucional.
Finalmente, con ello han hecho política. El Partido Popular lleva cuatro años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque no quiere perder su mayoría en el órgano, negándose además a designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden para así intentar frustrar a la desesperada el acceso a la función de los dos designados por el Gobierno. Ahora, esos seis magistrados adoptan una decisión extrema que facilita esa jugada estrictamente política. No es que el PSOE sea inocente en todo ello, porque ambos partidos llevan bastante tiempo nombrando magistrados de proximidad política. Además, es erróneo intentar reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por vía de enmienda a una reforma del Código Penal –de la que ya nadie se acuerda– que nada tiene que ver. El procedimiento es defectuoso, pero no tanto como para amordazar a todo un parlamento antes de que pueda siquiera votar.
La política ha inundado la nave, como antes decía. Una nave que solo debería pronunciarse en situaciones excepcionales, pero que desde hace décadas se ha hecho demasiado presente en la vida jurídica y política. Repasen en YouTube el famoso exordio de Labordeta y no se queden en el improperio. Fíjense en el resto de lo que dijo en aquellos 30 segundos inolvidables, y tal vez entenderán mejor lo que está sucediendo.
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