La ocupación delincuencial es un drama, sí

Es un drama. Lejos del alarmismo que algunos tildan de infundado, lo cierto es que el problema de las ocupaciones delincuenciales es real. Y no afecta solo a los bancos o a fondos de inversión, sino también a los “pequeños tenedores”, pues las mafias escogen viviendas o locales para instalarse sin el consentimiento de sus dueños y al margen de su situación patrimonial y personal.

Estas organizaciones trafican con inmuebles y se aprovechan de los escasos recursos legislativos con los que cuentan los cuerpos policiales para luchar contra esta lacra. La lentitud del sistema judicial es su principal acicate y se valen de la vulnerabilidad de muchas familias. Venta de “llaves”, solicitud de “rescates”, simulaciones de falsos estados de necesidad o el uso de inmuebles ocupados para otras actividades delictivas están a la orden del día. Intolerable en un Estado de Derecho, que debe preservar su seguridad jurídica.

La problemática debe abordarse sin apriorismos ideológicos. Sobran discursos desde las diferencias del progresismo o el conservadurismo; no, ¡por favor!, es en la evidencia de los hechos y sus consecuencias que debemos buscar soluciones. La abogacía institucional, apartidista por naturaleza, y la gestión en el ámbito local, que sufre el drama como nadie, llevan tiempo proponiendo reformas legislativas dirigidas a su base social y normativa.

Recientemente, los institutos I+D ICAM e I+Dret, de los Colegios de la Abogacía de Madrid y Barcelona, han presentado modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley de Propiedad Horizontal. Con ellas, nos asemejaríamos a Europa contando con medidas cautelares de desalojo como máximo en 48 horas, facultaríamos a las comunidades para instar a los desalojos ante la pasividad de ciertos propietarios y facilitaríamos mayores competencias a los ayuntamientos en seguridad pública.

En Catalunya, la situación es especialmente grave: el 42% de las ocupaciones ilegales de toda España se producen en nuestro territorio. Todos conocemos los problemas de convivencia en nuestros barrios: defraudación de suministros, desperfectos en inmuebles o degradación del entorno urbano. Los profesionales de la abogacía conocemos el testimonio de muchas víctimas. Y, como a los policías, también nos resulta complicado explicar a un afectado que el desalojo de un inmueble puede, ahora mismo, demorarse años. 

Frente a tal impunidad, la Comisión de Normativa ICAB-CICAC constituyó en 2017 un grupo de trabajo para elaborar propuestas que atajaran legislativamente la ocupación ilegal. Esta dedicación debe culminarse ahora por parte del poder político, que no puede demorar más las reformas. 

Por supuesto, esta situación tiene otra carencia evidente: la falta de inversión pública en vivienda social. También en esta materia seguimos lejos de la media europea. En resumen, pues, la protección de las familias vulnerables, la convivencia y la paz social están en juego. Políticos, actúen: es su deber.