Eliminar las barreras de acceso a la universidad

Todavía hoy, no son pocas las personas que son las primeras de su familia en llegar a la universidad. Todavía hoy, son excepcionales los casos de estudiantes que llegan a la universidad provenientes de determinados barrios y localidades. La explicación: las barreras que dificultan el acceso a la universidad. Ahora que se está tramitando la LOSU, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, no se debería desperdiciar la ocasión de llevar a la nueva ley mecanismos que contribuyan a evitar que estas barreras impidan o dificulten el acceso a los estudios universitarios.

Habría que pensar en la injusticia que supone para estos sectores de la sociedad no poder aprovechar todo lo que les ofrecería el paso por la universidad. Las personas que pueden estudiar en la universidad se vacunan contra la pobreza y consiguen una trayectoria laboral más estable, menos precaria y con mejores ingresos. La pobreza nos puede afectar siempre, pero afecta mucho menos a las personas universitarias. Mientras que más del 60% de personas que sufren pobreza no han pasado de los estudios obligatorios, no llegan al 15% las que tienen estudios universitarios. Por otra parte, el sesgo socioeconómico en el acceso a la universidad constituye un desaprovechamiento del talento de las personas que podrían y querrían estudiar, pero no se lo pueden permitir, lo cual impide un desarrollo pleno de toda la potencialidad de nuestras sociedades.

En la LOSU hay una declaración en favor de la equidad en el acceso a la universidad, pero se echan en falta medidas que permitan desplegar políticas concretas que actúen en contra de estas barreras que lo impiden o dificultan. Una de ellas es el precio de la matrícula. El movimiento estudiantil lleva años insistiendo en la necesidad de reducir precios, y en los últimos dos años así se ha hecho. Pero el estudiantado sigue reivindicando avanzar hacia la gratuidad y las becas salario. Convendría ver qué se puede incluir en la nueva ley. Las recientes limitaciones de precios se limitan a las primeras matrículas de grados y másteres habilitantes. Esta medida, que se debe valorar positivamente, no es suficiente, pues deja fuera más del 90% de los másteres y genera inequidad, ya que solo quien tiene posibles se puede permitir repetir una asignatura, provocando que las personas con pocos recursos económicos que llegan a la universidad estudian mayoritariamente carreras que consideran más fáciles, para evitar las recargas económicas de las segundas matrículas.

Ahora bien, las barreras económicas no se limitan al precio de las matrículas. También tienen que ver con la dedicación económica que comporta estudiar: dejar de trabajar, desplazamientos, residencia, alimentación... Las residencias y los comedores públicos universitarios casi han desaparecido, es una nueva barrera. Bien al contrario, el mercado de las residencias universitarias privadas ha crecido significativamente en los últimos años. Algunas universidades públicas han encontrado en la mercantilización de este patrimonio un recurso para combatir problemas de financiación.

Finalmente, conviene tener presente que no todas las barreras son económicas ni su solución significa una gran inversión. El actual ministro de Universidades, Joan Subirats, lo sabe bien porque como teniente de alcaldía de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad en Barcelona contribuyó a impulsar el proyecto Prometeus, una iniciativa de acompañamiento y mentoría que ha llevado a la universidad a personas de barrios y condiciones socioeconómicas precarias, que hasta entonces pensaban que no era lugar para ellas.

Los países que hacen una apuesta decidida por la formación de su sociedad buscan ofrecer matrículas gratuitas o de precio reducido, un potente sistema de becas y políticas que faciliten la residencia fuera de casa, los desplazamientos y la manutención. Sabiendo que acceder a los estudios universitarios tiene efectos tan positivos, es responsabilidad de una sociedad democrática contribuir al acceso universal: la universidad no puede ser un privilegio. En el momento de elaborar esta nueva ley, es necesario avanzar al máximo en democracia, justicia y equidad.