El futuro de la monarquía británica

Han pasado los funerales de la reina Isabel II, y hemos podido constatar, más allá de un cierto empacho informativo, que gran parte del pueblo británico mantenía hacia ella un genuino afecto. A su sucesor, en cambio, le costará llegar al nivel de su madre. La discreción no ha sido su cualidad principal, y hemos visto sus reacciones airadas y despectivas ante pequeños incidentes, como las de un niño mimado que se enfada cuando la tostada se le cae por el lado de la mantequilla. Tendrá a medio mundo pendiente de él, con la malévola intención de pillarle en más torpezas. Y eso también puede llegar a pesar en el sistema constitucional británico, en el que se miran como un ejemplo otras monarquías parlamentarias.

Imagino que Carlos III ha leído a Walter Bagehot, que sigue siendo considerado uno de los mayores expertos en la monarquía británica. Su obra 'The English Constitution', de 1867, sigue siendo citada en nuestros días como una obra de referencia por los estudiosos del derecho constitucional. Muy bien escritas, y sin demasiados tecnicismos, las páginas que este libro dedica a la monarquía son muy citadas. Sin embargo, el nuevo monarca debería considerar su anacronismo.

Una de las primeras virtudes que Bagehot destaca de la monarquía es que es un Gobierno inteligible. Argumenta que “la naturaleza de una constitución, la actuación de una asamblea, el juego de los partidos y la formación de la opinión dirigente” son hechos complejos. En cambio, la acción de una única voluntad es una idea simple. Y continúa proponiéndonos dos preguntas en paralelo. La primera: “¿Desea ser gobernado por un rey o por una constitución?”. La segunda: “¿Desea ser gobernado de un modo que usted entienda, o de una manera que no entienda?”.

Bagehot era un partidario de la monarquía parlamentaria, y no del populismo, como parece desprenderse de las ideas que acabo de presentar. Pero hoy resultan anacrónicas, y algo inquietantes. La monarquía contemporánea, al menos la que existe en los países democráticos, se mantiene en la medida en que la opinión ha entendido lo que significa un sistema constitucional, con sus límites al poder. Y, a partir de ahí, pueden llegar a aceptar que el rey o la reina ocupen la jefatura del Estado. Lo de “¿qué es ley?: lo que manda el rey” se lo llevó por delante la historia, empezando por el hacha del verdugo que decapitó a Carlos I en 1649, tras enfrentarse al Parlamento inglés en una guerra civil.

Es posible que los británicos, como la ciudadanía de otras monarquías parlamentarias, acepten los privilegios y el lujo que rodean a sus reyes. Son una institución que simboliza su país, y que tiene gestos de reconocimiento de su diversidad. El brillo de sus ceremonias les proyecta al exterior, y les da una identidad común y única. Pero los reyes deben atenerse a un guion exigente. En primer lugar, deben cumplir escrupulosamente su papel constitucional. Además, deben tener un comportamiento personal ejemplar. Si alcanzan la jefatura del Estado por su pertenencia a una familia, su comportamiento familiar afecta inevitablemente a la institución. Y deben tener en cuenta que, si los privilegios que derivan de su papel institucional son medianamente aceptables, los que benefician su patrimonio personal pueden llevar a escándalo. Y el problema en el Reino Unido está en que existe un canal para que el rey y su heredero puedan utilizar el procedimiento legislativo en defensa de sus propiedades.

Hace unos años, 'The Guardian' destapó una larga lista de casos en los que desde el Palacio de Buckingham se habían bloqueado iniciativas legislativas que podían afectar su patrimonio. El mecanismo era la amenaza de negar la sanción real. Un estudio de los servicios del Parlamento británico deja claro que la sanción real puede negarse en casos en que se menoscabe el patrimonio del rey y su heredero, aunque es obligada por convención constitucional en la mayoría de los casos. Allí donde la monarquía parlamentaria está sometida a una constitución escrita, como en España, hay menos margen para que desde la Corona se rehúyan los deberes tributarios, siempre que las autoridades competentes se tomen en serio la igualdad ante la ley. Por si acaso, mejor no imitar en todo a los Windsor.

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