Lo absurdo y el impuesto de patrimonio
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Juan Manuel Moreno Bonilla / DAVID CASTRO
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Albert Sáez
Director de EL PERIÓDICO
Soy periodista. Ahora en EL PERIÓDICO. También doy clases en la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Albert Sáez
Queda muy bien defender el impuesto de patrimonio. Tiene algo de Robin Hood porque se supone que va contra "los ricos". La verdad es otra. En muchos casos, sobre ese dinero es la tercera o cuarta vez que se tributa. Cuando se ingresó como renta del trabajo o del capital, cuando se transmitió en herencia y cuando devengó plusvalías. Gravar el patrimonio desincentiva el ahorro y fomenta el gasto suntuario. Y los verdaderamente ricos no lo pagan porque lo soslayan a través de sociedades. Además, es un impuesto anacrónico, porque la mayoría de los estados lo han eliminado. La reforma fiscal impulsada a nivel global no lo contempla.
Eliminar el impuesto de patrimonio dentro de un mismo mercado es, respecto a los otros territorios, como mínimo, desleal. Ninguna de las autonomías puede evitar la fuga de capitales por la vía de otros aranceles. Además, la maniobra de Madrid y Andalucía demuestra de qué manera utilizan algunos sectores políticos los gobiernos autonómicos: los consideran meros escaparates de sus políticas para poner en evidencia al adversario cuando ocupa la Moncloa. ¿De verdad las condiciones económicas son las mismas en Madrid y Andalucía para que la receta les sirva de igual manera? Utilizadas de esta manera, para defender intereses partidistas y no territoriales, las comunidades autónomas son absurdas como ha señalado el ministro Escrivá.
El montante total del impuesto de patrimonio en España no desequilibraría el pacto de rentas que el país necesita. Lo absurdo es el bucle en el que hemos entrado: subasta a la baja de impuestos en unos tiempos en que Europa juega a políticas expansionistas; partidismo de muy mal gusto; agravios entre comunidades y opas hostiles a las fortunas medianas, porque las grandes ya no pagan. Todo bastante descorazonador mientras seguimos teniendo una cuarta parte del PIB fuera del radar de Hacienda.
Si de verdad alguien se cree algo de lo que dice, las autonomías del PP podrían proponer gravar menos la actividad y perseguir más el fraude (elemento de competencia desleal). El Gobierno del PSOE podría compensar los ingresos de las comunidades autónomas y eliminar el impuesto. Y Catalunya hacer lo propio.
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