Inmersión lingüística: Curriculí, curricular
No solo el Govern ha evitado la aplicación de la sentencia del TSJC, sino que ha decaído el 25% de castellano en aquellos centros donde ya se impartía por la petición de algunas familias
![Protesta en favor de la inmersión lingüística en Barcelona](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/82f7c08d-eceb-452b-a40a-6f8f1f6cad99_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Protesta en favor de la inmersión lingüística en Barcelona / Europa Press
En junio pasado, el programa Polònia de TV3 emitió una divertida escena en la que se veía a los dirigentes de los partidos que habían pactado la nueva ley de política lingüística (PSC, ERC, Junts y Comuns) celebrar el hallazgo de la palabra “curricular” para definir el uso del castellano en la enseñanza obligatoria. Para los nacionalistas el objetivo era claro: desobedecer con ese ardid la sentencia del 25%, dictada por el TSJC, o sea, impedir la enseñanza en castellano y reservar para el catalán el carácter de “vehicular”. En cambio, el PSC creía que, con esa contorsión terminológica (pues curricular es todo y nada), se abría la puerta a que el castellano fuera también lengua de enseñanza en la escuela sin llamarla “vehicular”. El inicio del curso ha evidenciado que los deseos de Salvador Illa han caído en saco roto. No solo el Govern ha evitado la aplicación de la sentencia, sino que ha decaído la aplicación del 25% en aquellos centros donde ya se impartía por la petición de algunas familias.
La nueva ley y el decreto-ley posterior ha blindado el monolingüismo escolar. Y esto ha sido posible porque quien tenía que pedir la aplicación de la sentencia, la Abogacía del Estado y el ministerio de Educación no lo ha hecho, de manera que el TSJC se ha cansado de continuar con el pulso que libraba desde hace años con la Generalitat. Si la administración del Estado se ha desentendido es por razones políticas: el apoyo de ERC a Pedro Sánchez exigía ese tributo. Es triste, pero esa es la verdad. Afortunadamente, el TC ha admitido el recurso presentado por PP y Ciudadanos, y seguramente pondrá objeciones a la ley, cuyo propósito evidente es prohibir que se enseñe nada en castellano. Prohibirlo, aclaremos, en la escuela pública, porque en las privadas, donde las elites (empezando por el conseller Josep Gonzàlez Cambray) llevan a sus hijos, la enseñanza es trilingüe. Es lamentable que ese modelo, donde todas las lenguas se utilizan, no se quiera extender a la pública, convertida en un instrumento con el que intentar modificar la composición lingüística de la sociedad catalana.
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