De muertes y de injusticias
Los fallecimientos de Marin Eugen Sabau y de Joan Ollé tienen en común que han sido injustos. El primero lo ha sido para sus víctimas mientras que el segundo, en cambio, lo ha sido para él
![Barcelona 18/11/21 icult. Joan Ollé, director teatral presenta "Espai Canuda 26", un espacio para profesionales del teatro. Lo primero que hace después de tener que adelantar su jubilación en el Institut del Teatre. AUTOR: MANU MITRU](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/98678a02-3c6c-4536-9f38-249c39a3e0ee_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Barcelona 18/11/21 icult. Joan Ollé, director teatral presenta "Espai Canuda 26", un espacio para profesionales del teatro. Lo primero que hace después de tener que adelantar su jubilación en el Institut del Teatre. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU
![Astrid Barrio](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/epi/public/file/2022/0930/09/astrid-barrio-2bd75b6.png)
Astrid Barrio
Profesora de Ciencia Política de la Universitat de València. Miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO
Astrid Barrio
La reciente muerte por eutanasia de Marin Eugen Sabau, más conocido como ‘el pistolero de Tarragona’, así como el inesperado fallecimiento por un ataque al corazón de Joan Ollé, cuestionan el ideal de justicia y su relación con la propia muerte. En ambos casos, se trata de personas conocidas por la opinión pública, el primero, un vigilante de seguridad que se hizo tristemente famoso por haber intentado asesinar a tres compañeros de trabajo y herido de gravedad a un mosso d’esquadra, y el segundo, un reputado director teatral, que en los últimos años se había visto envuelto en el escándalo a raíz de las acusaciones de abuso sexual y de poder vertidas contra él por parte de su entorno laboral. Por distintas razones lo justo, en ambos casos, ha quedado cuestionado.
El ‘pistolero de Tarragona’, al parecer, muy descontento con su situación laboral, acudió a su puesto de trabajo y abrió fuego contra tres de sus compañeros -de lo que existe testimonio gráfico- hiriendo a uno de ellos de gravedad, tras lo cual se dio a la fuga y se atrincheró hasta que fue reducido por la policía. Como consecuencia de las heridas sufridas en ese enfrentamiento, Marin Eugen Sabau sufrió una lesión medular irreversible que lo dejó postrado en la cama. Su dolorosa situación le llevó a solicitar que le fuese aplicada la eutanasia y dado que cumplía con los requisitos establecidos por la ley esta le fue concedida. Lo injusto del caso es que, como consecuencia de la aplicación del suicidio asistido, el acusado nunca será juzgado. Las víctimas solicitaron retrasar la aplicación de la eutanasia hasta la celebración del juicio y la obtención de un veredicto, pero la Audiencia de Tarragona lo desestimó, al considerar prevalente el derecho a la dignidad frente a la tutela judicial efectiva de las víctimas. Desde el punto de vista humanitario resulta difícil argumentar que se ha de prolongar el sufrimiento de una persona para resarcir a otra, incluso se podría considerar ensañamiento. Y, además, cabe recordar que nuestro sistema penal no busca el castigo sino la reinserción. Pero ello no debe impedir que se garanticen los derechos de las víctimas y esta garantía ha brillado por su ausencia. Su muerte, que ha sido consecuencia directa de sus acciones, supone la extinción de la acción penal e implica la imposibilidad de esclarecer los hechos en un juicio, de sentenciarlo y, en caso de ser condenado, de reconocer a las víctimas su derecho a ser indemnizadas por la vía penal. Este suicidio asistido, por tanto, resulta tremendamente injusto, porque las víctimas del finado acaban siéndolo doblemente, a causa de la situación de indefensión en la que quedan tras su muerte.
El reverso de esta situación en el que la muerte exime de responsabilidades es el caso de Joan Ollé. El dramaturgo, a raíz de una investigación del diario ‘Ara’, fue acusado, junto a otros compañeros, de acoso sexual y de abuso de poder por parte de antiguos alumnos del Institut del Teatre de Catalunya. Estas acusaciones le comportaron la pérdida del trabajo y de la reputación y la consiguiente muerte civil, a pesar de que Ollé siempre defendió su inocencia, y en primera instancia desde las páginas de EL PERIÓDICO. Las presuntas víctimas nunca presentaron denuncia, la fiscalía archivó las investigaciones por falta de indicios y por la prescripción de algunos de los hechos mientras que la investigación interna del Institut del Teatre tampoco prosperó por falta de pruebas. Nada de ello, sin embargo, sirvió para resarcir a Ollé del linchamiento público al que fue sometido, según sus propias palabras, ni para evitar que su reputación quedase en entredicho. Y ahora, su prematura y súbita muerte le impedirá tratar de restaurar su honor y su prestigio ante una opinión pública que, convenientemente atizada por algunos medios de comunicación y por un espíritu de los tiempos impregnado del ‘yo sí te creo’ ahora convertido en ley, emitió un veredicto de culpabilidad sin que hubiese mediado juicio alguno.
Las muertes de Marin Eugen Sabau y de Joan Ollé tienen en común que han sido injustas. La primera lo ha sido para sus víctimas mientras que la segunda, en cambio, lo ha sido para él.
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