El necesario regreso de las empresas catalanas

Preguntado Josep Lluís Bonet, presidente de Freixenet, de la Cámara de Comercio de España y catedrático de Economía, por qué la empresa que presidía no abandonó Catalunya en octubre de 2017, su respuesta siempre fue que la seguridad jurídica, gracias a la intervención del Estado, estaba siempre asegurada. En definitiva: no había nada que temer. Por lo contrario, el histórico rival de la empresa de cava de Sant Sadurní d’Anoia, Codorniu, sí decidió traspasar su sede fiscal a La Rioja. Los argumentos de Bonet, uno de los empresarios más destacados que se pronunció contra el ‘procés’, aún resuenan casi cinco años después de aquel fatídico octubre. Esa fecha empezó la fuga fuera de Catalunya de más de 2.500 empresas catalanas lideradas por los dos grandes bancos: Caixabank y Sabadell, la propia Fundación La Caixa, y grandes compañías cotizadas como Abertis, Cellnex y Naturgy. En el caso de las entidades financieras, la justificación fue evitar la salida de depósitos que estaban sufriendo estas entidades a principios de octubre por miedo ante lo que podía acaecer. Un decreto exprés aprobado por el Gobierno del PP permitió acelerar el traspaso de las sedes sin necesidad de pasar por la aprobación de las Juntas de Accionistas. En las empresas no financieras hubo dos argumentos más: la presión de las gestoras de fondos internacionales, accionistas de algunas empresas, y aprovechar la ocasión para instalar la sede en alguna comunidad autónoma más competitiva fiscalmente. Este último movimiento ya se estaba produciendo con la apuesta inversora de empresas catalanas en zonas de la franja de Aragón e incluso del norte de la provincia de Castellón.

Estos años se ha querido quitar hierro a la relevancia de dónde se encuentra la sede fiscal en comparación con la sede operativa. Lo importante es que el centro de decisiones de las empresas se mantenga en el lugar de origen. Así ocurre con muchas de las empresas que se fueron. En la sede de Banco Sabadell en la Diagonal de Barcelona, en la de Cellnex en la Zona Franca e incluso en la finca de Codorniu en Sant Sadurní, por citar tres ejemplos, se siguen reuniendo los principales equipos directivos de estas entidades, que ya estaban acostumbrados desde mucho antes de que se instalara el ‘procés’ a viajar para generar negocio e influencia. La sede fiscal solo obliga a realizar en el lugar determinado las reuniones de Consejo de Administración y a mantener un mínimo de actividad económica. Sí que ha habido casos en que el peso de la empresa ha crecido mucho más en Madrid respecto a Barcelona por razones que tienen más que ver con la cercanía a los órganos reguladores –Naturgy–, o por decisiones estratégicas, caso de Caixabank tras la compra de Bankia. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri tiene su sede fiscal en València, lugar al que Caixabank da relevancia pública durante la presentación de sus resultados anuales.

En Catalunya, desde la patronal Foment a instituciones como el Cercle d’Economia y distintos académicos a nivel privado, se lleva tiempo pidiendo acabar con esta distorsión entre sedes operativas y fiscales urgiendo a que los gobiernos español y catalán hagan lo posible para facilitar y animar a que las empresas que abandonaron Cataluña vayan volviendo paulatinamente a su origen. Sede operativa y fiscal deberían ir de la mano. Este regreso no solo tendría un efecto simbólico. Generaría la percepción de un regreso de la normalidad institucional, de seguridad jurídica y de que el proceso de diálogo iniciado entre Generalitat y Gobierno central empieza a producir sus frutos.