Los estados de la nación

Habíamos perdido la costumbre y hasta la memoria de estos eventos parlamentarios; afortunadamente, el presidente de Gobierno ha tomado la iniciativa de reanudarlos, tal vez confiado en convencer a la ciudadanía de su visión del estado de las cosas que preocupan y así marcar el itinerario de los próximos meses de este final de legislatura.

Pero abundada esta tortuosa legislatura plagada de acontecimientos, nunca tan graves y abigarrados, interesaba saber también el estado de la coalición, el estado de la oposición y el estado de la corrupción.

Quizá haya influido en el ánimo de Pedro Sánchez la circunstancia de tratarse de un debate cojo, ya que la oposición tenía que atender sin líder después del apresurado regicidio de Pablo Casado. No le ha fallado el cálculo, la oposición ha estado doblemente coja: primero, porque su líder, Alberto Núñez Feijóo, ante el devenir de las sesiones, no solo permanecía silente sino que se ahuecaba más y más en su silla curul como pretendiendo que este debate no fuera con él; segundo, porque la oposición ha estado francamente mejorable. El denominador común de su estrategia no ha respondido a los asuntos planteados por Sánchez o a la actualidad española y europea, sino a ETA. Un clásico, una ocasión perdida para demostrar la modernidad de la derecha española, aún en la nube pensando que con Andalucía está todo hecho.

Pedro Sánchez ha estado bien, aseado y empático, algo a lo que no nos tiene acostumbrados. No creo que haya girado a la izquierda; en todo caso, se ha revoleado sobre sí mismo, volviendo a su programa, a su acuerdo de coalición y a sus votantes, a los que tenía postergados.

Los gravámenes a las energéticas y al sector bancario, medidas estrella de su discurso, son un buen ejemplo. Si hay que considerarlos de izquierdas es tan solo porque la derecha, cada día más fuera de la realidad, se opone. Pero se trata más bien de medidas de sentido común, de justicia social y tributaria, acaso de patriotismo. No es baladí que muchos gobiernos europeos y no europeos, no precisamente bolivarianos, estén tomando medidas similares.

Se equivocaría la coalición presumiendo de izquierdismo, entrando en el campo semántico de la estrategia de la oposición de descalificar las medidas por radicales.

Por lo demás, mucha guerra de Ucrania, demasiada en mi opinión, poco entusiasmo en que se termine y mucha comodidad en la interpretación estadounidense del conflicto y sus consecuencias. En lo que se refiere a las medidas, muchas y positivas pero ninguna estructural: los gravámenes a las grandes empresas son coyunturales; se echa de menos una decisión firme sobre una reforma fiscal integral que haga justicia con la clase media trabajadora, la que sostiene España; por el contrario, se abunda en medidas fiscales dispersas, una suerte de fontanería fiscal.

La gran beneficiaria del debate del estado de la nación ha sido la coalición progresista. De las sesiones ha salido una decisión robusta, ideológica y mancomunada de afrontar los retos hasta final de legislatura, con proyección de futuro, incluso con arrumacos, ante la constatación de la ya segura composición plural del Parlamento, fruto no de ninguna locura sino de la diversidad de la propia sociedad española. No debería pasar desapercibida la apuesta por la cogobernanza y el título octavo de la Constitución cuando la amenaza de las derechas más radicales de ahora y de siempre de nuevo lo cuestionan.

Apenas hubo alusiones al estado de la corrupción en España, una patología preocupante. No me refiero solo a la corrupción económica, sino, obviamente, a la institucional y también a la mediática. Cuando se ha utilizado e invocado el Informe sobre el Estado de Derecho de la UE, se presta más atención al maltrecho estado de la legalidad constitucional del caduco CGPJ, pero se olvida que  también incluye entre sus preocupaciones la respuesta dada por el poder judicial a la corrupción en España, con procesos irregulares, leves, dilatados o prescritos. También habla del estado de la corrupción mediática, imprescindible para comprender la envergadura de la corrupción institucional en España.

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