El fantasma de los chalecos amarillos

La convocatoria de paro en el sector del transporte, convocada por una asociación sin representatividad y que ganó prominencia a través de la difusión de mensajes alarmistas sobre la hipotética quiebra de suministros que desencadenaría, ha llegado a su tercer día sin haber superado en ningún momento la condición de minoritaria. Pero aun así, está a punto de empezar a tener consecuencias serias en la distribución de algunos productos y amenaza la operativa de bastantes empresas en sectores como el agrícola, el de la alimentación o el de la automoción. 

Sin la implicación de las organizaciones que representan al sector del transporte en carretera, los organizadores han fiado el éxito de su convocatoria más al boicot de la red de carreteras, con piquetes en puntos sensibles para el tráfico de mercancías, que al seguimiento propiamente dicho entre los profesionales. Las protestas, denuncia la patronal CEOE, amenaza con causar «graves perjuicios en la cadena de suministros», que se suman a los del encarecimiento de la energía y las materias primas que ya sufren las empresas, y las propias asociaciones de transportistas mayoritarias reclaman que la Administración actúe para evitar daños en quienes no están secundando la protesta. La respuesta del Gobierno ha sido actuar «con contundencia» contra los actos de «violencia, fuerza y coacción».

La confusa identidad de la plataforma convocante y algunos de sus mensajes permiten albergar algunas dudas sobre las motivaciones de la iniciativa. Pero ni siquiera lo extemporáneo de su proceder ni la poca representatividad orgánica de los organizadores de la protesta hace aconsejable restarle importancia, ni que sea como síntoma. No dar una respuesta razonable a problemas objetivos por los cauces oportunos (interlocución con los agentes sociales afectados, toma ágil de decisiones más allá de las promesas vagas e información transparente) supone arriesgarse a que el malestar se encauce por senderos poco constructivos y de difícil manejo sobre todo si son abducidos por quienes ya han practicado más de una vez los mecanismos del populismo más reaccionario. El fantasma de los chalecos amarillos no deja de sobrevolar como un horizonte a evitar. 

Más allá de las promesa de no permitir que las protestas deriven en coacciones intolerables contra quien quiere trabajar, algo que no tiene nada que ver con el derecho de huelga, y de la necesidad de que la Administración garantice que se mantenga la seguridad en el suministro de los bienes básicos, de forma tan contundente como sea necesaria, la solución ha de venir más bien de foros de diálogo como el que mantiene abierto el Gobierno con las organizaciones que representan al 90% del sector para hacer viable su actividad pese al incremento del precio del combustible. Y de que las aún inconcretas promesas del Gobierno de contener los precios de luz, gas y gasolina pasen a concretarse al más breve plazo posible.