Vivienda asequible
El acceso a una vivienda digna va camino de convertirse, afortunadamente, en un derecho efectivo de los ciudadanos
Joan Clos
Exdirector ejecutivo de ONU-Hábitat
Al igual que el acceso a la sanidad de calidad o a la educación adecuada se han convertido en derechos efectivos para los ciudadanos de los países más avanzados, el acceso a una vivienda digna va por el camino de seguir, afortunadamente, el mismo destino. Tanto en el caso de la sanidad como en el de la educación, tal avance ha sido posible por la intervención del Estado en lo que venimos en llamar políticas públicas.
En el camino a la consolidación de dichas políticas, nos encontramos con fórmulas antecesoras como la intervención de entidades religiosas, de beneficencia o de solidaridad que intentan proveer de iniciativas paliativas para resolver los problemas más acuciantes o extremos.
La democracia, a través del derecho de voto universal, ha dado voz a la mayoría, forzando al sistema político a dar respuesta a esta clase de exigencias, que antes en la historia de la humanidad se consideraban imposibles y fuera de la lógica de aquellos tiempos. Solo con el avance de las ideas políticas va siendo posible encarar estos retos, no sin problemas ni dificultades.
La propia diversidad de respuestas que observamos en diferentes países del mundo es una buena prueba de las complejidades que presenta normalizar estas políticas públicas. No hace falta recurrir al estudio de la evolución histórica de estos derechos, tan solo una visión transversal contemporánea entre diferentes países nos permite ver la gran diversidad de modelos, algunos exitosos y muchos con problemas insolubles, a la hora de generalizar estos derechos.
En el caso de la vivienda, que la gran mayoría de la población seguramente considera como el próximo derecho universal a conseguir, nos encontramos ante grandes polémicas de cómo deben ser orquestadas las soluciones oportunas. No hay respuestas universales, ni soluciones fáciles, ni recetas mágicas. Como no las hubo en el tema de la sanidad, de la educación o de las pensiones.
En cada uno de estos retos se debió lidiar con resistencias enormes, se tuvieron que experimentar diferentes opciones y soluciones intermedias para que, al final, se consolidase una garantía eficaz, por lo menos, en los países más prósperos.
Incluso donde estos derechos están más consolidados, no dejan de darse polémicas, críticas y actitudes contrarias a consolidar estas políticas públicas como derechos incuestionables. Tan solo hay que ver las inmensas complejidades que tuvo y aún tiene el Obamacare en EEUU.
La Unión Internacional de Arquitectura (UIA) y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) han convocado el foro Affordable Housing Activation (AHA), el próximo mes de mayo en Madrid, para analizar a nivel mundial el estado de la cuestión del derecho a la vivienda asequible. En países como el nuestro, donde la arquitectura suele ser la profesión que trata de los temas de urbanismo y vivienda, es muy oportuna esta convocatoria ya que coincide con la tramitación de la ley general del derecho a la vivienda.
No estamos en el mejor de los mundos ni en la situación económica más oportuna para consensuar políticamente fórmulas como mínimo sensatas, a pesar de que las políticas de vivienda son, por definición, a largo plazo, y nada sería más pernicioso que una regulación jurídica precipitada o superficial.
¡Ojalá aprovechemos bien la oportunidad!
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