¿Presupuestar o proyectar?

En los próximos días se consumará la aprobación parlamentaria de los presupuestos para 2022 de la Generalitat de Catalunya y del Gobierno del Estado. Aunque siempre es importante contar con presupuestos, un análisis exhaustivo de las cuentas puede arrojar más sombras que luces, para los empresarios. 

Los números para 2022 de la Generalitat y del Estado se basan en primera instancia en previsiones macroeconómicas muy optimistas, que, entre otras cosas, aún no contemplaban la variante ómicron del covid-19, con su posible impacto sobre el consumo, más que probable tras las recientes restricciones. 

Del mismo modo, son también amenazadoras las consecuencias de la inflación desbocada sobre la política monetaria, la revalorización salarial, los márgenes empresariales y, por tanto, las expectativas de inversión. Tanto la Comisión Europea como el Banco de España y la OCDE ya han rebajado los objetivos de crecimiento de España para el próximo año.

Los presupuestos de la Generalitat y el Estado siguen apostando claramente por redistribuir rentas, reforzar servicios públicos y ampliar prestaciones. Así las cosas, las pensiones y los gastos generales de la administración suponen ya el 71% del presupuesto del Estado, mientras que el mismo porcentaje viene representado por salud, educación y derechos sociales en la Generalitat. En cambio, las partidas destinadas directamente a sectores productivos (industria, agricultura, comercio, etc.) apenas alcanzan el 12% en Catalunya y el 8% en el Estado. 

El reparto de los nuevos fondos europeos Next Generation EU (NGEU) muestra también en 2022 un claro sesgo social, con un 60% de su asignación para derechos sociales, educación y salud en Catalunya. En el Estado, un 20% de los NGEU se destinará a gasto social, mientras que un 17% irá a infraestructuras, aunque está por ver si será para más líneas de AVE con escasa ocupación, o bien vías de mercancías con ancho europeo para poder competir con Europa. 

Aún cuando los recursos NGEU deberían contribuir a transformar nuestra economía, su gestión actual parece que no apunta en esta dirección. Nuestro país precisa, más que nunca, reforzar su tejido productivo y promover la cultura del esfuerzo y del riesgo, en lugar de la prestación y la subvención. La redistribución debería llegar a partir de la riqueza generada y sólo para aquellos a los que la brecha social no les permite acceder al mercado de trabajo ni a la emprendeduría en igualdad de condiciones.

La crisis del covid-19 ha dejado a mucha gente atrás, que debe ser ayudada sin duda alguna, pero también ha puesto de relieve las deficiencias de nuestra economía, que deben ser corregidas, si queremos seguir creciendo y creando empleo. Sin empresas competitivas no podremos pagar los impuestos que permiten luego financiar pensiones y prestaciones varias. 

Dotar a las personas de un trabajo digno es la mejor política social que puede plantear un país y generar las condiciones favorables a la creación y crecimiento empresarial son determinantes para este fin. De poco sirve, en cambio, repartir las migajas de una economía poco competitiva, incapaz de crear riqueza ni empleo. Debemos mirar más allá del próximo ejercicio, no solo presupuestar sino proyectar, repensar nuestro modelo socioeconómico para dejar a nuestros hijos e hijas un país mucho mejor. 

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