Pensiones, y más
El Estado del bienestar tiene el deber de desmercantilizar el derecho a la subsistencia de la misma manera que en el siglo pasado desmercantilizamos el derecho a la educación o la sanidad
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José Luis Escrivá en el Congreso de los Diputados. FOTO JOSÉ LUIS ROCA / José Luis Roca
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Gemma Ubasart
Consellera de Justícia, Drets i Memòria
Con el fin de reforzar el sistema de pensiones, esta semana Gobierno y sindicatos han acordado un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Con una subida de 0,6 puntos durante 10 años (0,5 a cargo del empresario y 0,1 del trabajador) se pretende crear un colchón de protección, un fondo de reserva, para hacer frente a la llegada de la generación ‘baby boom’ a la edad de jubilación. Se calcula que en esta década se conseguirán acumular unos 50.000 millones de euros. La hucha, que en 2011 se situaba en 67.000 millones, se ha ido vaciando básicamente por el cargo de gastos impropios, a los que, desde un punto de vista de separación de sistemas, debería haberse hecho frente con recursos provenientes de los presupuestos generales.
Mejoras en el sistema de la Seguridad Social
Es una buena noticia para las mayorías sociales que, a diferencia del factor de sostenibilidad que proponía el PP, los ajustes al sistema promovidos por el mecanismo de equidad intergeneracional busquen intervenir en el lado de los ingresos. La caja de la Seguridad Social, de la misma manera que sucede con el presupuesto general, puede ajustarse reduciendo los gastos (es decir, recortando derechos sociales) o aumentando ingresos, haciendo más grande la caja. Muscular la caja, hacer sostenible el sistema, es además un buen antídoto para los cantos de sirena neoliberales que dibujan escenarios apocalípticos a las generaciones más jóvenes, e invitan a los más pudientes a adentrarse en el mundo de las pensiones privadas y las capitalizaciones individuales.
Dicho esto, al sistema le queda un importante margen de mejora. En dos dimensiones: una endógena y otra exógena. La primera tiene que ver con conseguir más equidad dentro del sistema: aumentar la cuantía de las pensiones mínimas, destopar las cotizaciones máximas, intervenir en la desigualdad de género, etc. La segunda se refiere a la calidad del mercado de trabajo y la solidez del sistema productivo. Que se cotice más y mejor: salarios más altos, menos informalidad, temporalidad y precariedad, y aumento de la productividad del trabajo.
Garantía de rentas más allá de la Seguridad Social
Ahora bien, el reto no está solo en mejorar la caja de la Seguridad Social. Son deberes del Gobierno asegurar que funcione el sistema, hacerlo más sólido y justo. Es lo que está trabajando estos días el ministro Escrivá y de manera más indirecta la ministra Díaz. Pero en pleno siglo XXI, atravesado por intensas transformaciones económicas, culturales, ecológicas y políticas, el Estado del bienestar tiene el reto de reinventar el sistema de garantía de rentas también más allá de la Seguridad Social. Un entramado de prestaciones que debería vincularse a los presupuestos generales y alimentarse de los recursos provenientes de impuestos (creciendo y situándose en la media del entorno).
No vamos a volver a la sociedad de la plena ocupación de los “30 gloriosos”. Las vidas laborales devienen mucho más plurales, inciertas y discontinuas. El trabajo cognitivo hace saltar por los aires el concepto de jornada laboral. Se consolidan los fenómenos del trabajador pobre y del trabajador invisible (al no estar reconocida su ciudadanía). Las economías de plataforma se van instalando en la cotidianidad. El trabajo de cuidados se expande, y existe una mayor visibilización de este por las transformaciones en las estructuras familiares. Los cambios demográficos son una realidad: mayor esperanza de vida, menos nacimientos, importantes flujos migratorios. Una economía cada vez más globalizada, con una generación de riqueza deslocalizada.
Frente a toda esta nueva realidad, dos recetas. Una inmediata. Construir un sistema integral de garantía de rentas. Articular las actuales prestaciones no contributivas y las políticas de rentas mínimas en unos sistemas que ofrezcan calidad y previsibilidad. Dibujar un entramado de prestaciones sólidas para aquellas personas que no tengan o hayan tenido posibilidad de acceder al mercado de trabajo, que lo hagan o hayan hecho con baja intensidad. Aquí deben coordinarse y extenderse diversos tipos de ayudas laborales, IMV y rentas mínimas. Y una receta a medio plazo. Caminar hacia el horizonte de la renta básica que permita desmercantilizar el derecho a la subsistencia, de la misma manera que en el siglo pasado desmercantilizamos el derecho a la educación o la sanidad.
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