El TC polaco y el proyecto europeo
La UE debe mantenerse firme para que su proyecto federal tenga futuro
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Los participantes ondean banderas de la UE mientras participan en una manifestación pro-UE tras un fallo del Tribunal Constitucional contra la primacía de la ley de la UE en Polonia / Wojtek Radwanski / AFP
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Xavier Arbós
Catedrático de Derecho Constitucional (UB). Comité Editorial de EL PERIÓDICO
Hace algo más de una semana, una resolución del Tribunal Constitucional polaco sacudió las instituciones europeas. Desde Bruselas, la Unión Europea respondió con una seca nota de prensa, en la que se reafirmaban dos de sus principios fundacionales: el primero, la primacía del derecho de la UE sobre el derecho de los Estados, incluyendo sus constituciones; el segundo, el carácter vinculante de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para los tribunales de los Estados.
Para entender el contenido y el tono de esa nota de prensa, hay que tener en cuenta tanto lo acordado por la corte polaca como el contexto político en el que se produce. Los jueces constitucionales de Varsovia, a petición del primer ministro de Polonia, emitieron un dictamen acerca de la compatibilidad de algunos artículos del Tratado de la Unión Europea (TUE) con la Constitución polaca. Su conclusión, aprobada por mayoría, fue establecer que los preceptos examinados no eran compatibles con la Constitución de la República. En un apartado, el que se refiere a los artículos 1 (párrafos primero y segundo) y 4.3 TUE, entiende que no son compatibles teniendo en cuenta la interpretación que de los mismos ha hecho el TJUE. Si nos quedáramos ahí, podríamos decir que el Tribunal polaco no desafía el derecho europeo directamente, sino únicamente la interpretación que hasta ahora se ha hecho de los artículos citados. Pero el análisis que hacen de los artículos 2 y 19.1 TUE lleva a los magistrados polacos a la conclusión de que no encajan con las normas de la Constitución de su país.
El dictamen del Tribunal Constitucional polaco desafía claramente la primacía del derecho de la Unión, y es comprensible que las autoridades europeas reafirmen ese principio fundamental de la UE. Algunos expertos, no obstante, han hecho notar que en alguna ocasión el Tribunal Constitucional alemán se ha enfrentado al TJUE, cuando ese tribunal bendijo la decisión del Banco Central Europeo. Los magistrados alemanes se atrevieron a discutir la resolución de sus homólogos europeos, y eso tampoco encaja con los principios que tan severamente se han recordado a los polacos. Siendo eso cierto, como lo es que las instituciones europeas no siempre tratan con el mismo rigor a todos los países, el caso polaco presenta un perfil distinto, que se explica por el contexto.
Hay que recordar que el Tribunal Constitucional polaco actúa a instancias de su Gobierno, actuando como órgano consultivo, lo que no es el caso del Tribunal de Karlsruhe. Y, además, el Gobierno polaco promovió en 2016 una reforma del Tribunal Constitucional que fue muy discutida, tanto por la Comisión de Venecia como por la Unión Europea. El entonces vicepresidente de la Comisión europea, Frank Timmermans, advirtió oficialmente a Polonia de que esa reforma, a medida de los intereses del partido gobernante, ponía en riesgo el Estado de derecho. La imparcialidad del Tribunal Constitucional polaco está desde entonces bajo sospecha, y eso puede explicar mejor la acritud de la reacción de las autoridades europeas.
Este episodio puede tener además otro enfoque, que nos ofrece la historia del federalismo. Debemos situarnos en los primeros años de vida de los Estados Unidos. De la dominación colonial británica, se constituyeron en estados independientes. Fue desde esta situación desde la que accedieron a ratificar la creación de un nuevo Estado, sometiéndose a la Constitución federal común que entró en vigor en 1788. Esa peculiar forma de construir una federación, por agregación de estados, mantuvo en muchos la creencia de que la Constitución era en realidad un pacto, y que los estados miembros, que mantenían latente su soberanía, estaban tan legitimados como las autoridades federales para interpretarlo. Así, Carolina del Sur abrió la llamada 'crisis de la anulación' en 1822: declaró nula una ley federal, determinando unilateralmente que esa ley desbordaba las competencias de la federación.
Carolina del Sur tuvo que resignarse, y la supremacía de las instituciones federales se mantuvo. Ahora la Unión Europea, sin ser una federación, contempla algo que recuerda esa crisis. Debería mantenerse firme para que su proyecto tenga futuro.
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