El mercado de alquiler en Catalunya y el impacto del covid
La ley catalana de contención de rentas no ha sido útil para cumplir su objetivo y tan solo ha servido para crear un clima todavía más grande de inseguridad jurídica
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El alquiler vacacional y temporal se está recuperando tras la pandemia / Gustavo Santos
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Joan Ràfols
Presidente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (CPUBCN).
Joan Ràfols
Como en la gran mayoría de los ámbitos de actividad económica, la pandemia provocada por el covid-19 ha golpeado fuerte al sector inmobiliario y la crisis ha llevado a vivir unos meses muy duros, complicados y sobre todo, inciertos.
Las grandes ciudades de todo el mundo han sufrido una bajada poblacional, con la desaparición de la demanda temporal de alquiler de colectivos como el de los estudiantes o los trabajadores temporales, que a causa de la pandemia han abandonado las grandes áreas metropolitanas. Un ejemplo de esta situación es Nueva York, la cual se estima que perdió medio millón de habitantes hasta el cuarto trimestre de 2020 y que los alquileres bajaron en torno al 15%, por la disminución de la demanda. Barcelona no ha sido una excepción, la media de los precios de los alquileres en la ciudad ha bajado un 9% respecto a los 1.005€ del tercer trimestre del 2019, hasta llegar a los 905€ en este primer trimestre del 2021. A pesar de que durante este primer trimestre se registraron un total de 14.399 nuevos contratos de alquiler, la cifra más elevada de nuevos contratos de la serie histórica, las rescisiones de contratos también fueron de las más elevadas, con 13.224. En Barcelona, todos los distritos han registrado acumuladamente más rescisiones que nuevos contratos de alquiler desde el estado de alarma hasta el primer trimestre de 2021.
Otro factor que ha marcado la realidad del sector estos últimos meses ha sido la ley catalana de contención de rentas, que entró en vigor en septiembre del 2020. Una ley, sin embargo, que todavía no ha podido demostrar su eficacia puesto que, como decíamos antes, el principal factor de esta bajada de precios ha sido la reducción de la demanda provocada por la situación del covid-19. Lo demuestra también el hecho que, según los portales inmobiliarios, tanto en Madrid como en Barcelona se ha registrado una reducción del precio del alquiler muy similar, a pesar de que en la capital española no haya ningún tipo de legislación de control de precios. En definitiva, una ley que no ha sido útil para cumplir su objetivo y que tan solo ha servido para crear un clima todavía más grande de inseguridad jurídica, que ha provocado que en Barcelona se haya producido una reducción de la oferta de alquileres desde septiembre de 2020 del 10,2% como consecuencia de la retirada de pisos del mercado de viviendas por parte de los pequeños propietarios.
Una situación, en definitiva, que ha generado muchas dudas e inseguridad en el sector y que, conjuntamente con el estricto confinamiento que vivimos durante muchos meses, han provocado que muchas personas se replantearan la vivienda y el entorno donde vivir en el futuro. Emigración de las grandes ciudades hacia otras zonas, que es evidente en el caso catalán y que se refleja en el saldo de nuevos contratos de alquileres firmados en Catalunya, excluyendo Barcelona, que ha sido positivo en todos los trimestres desde el inicio de la pandemia. Este primer trimestre del 2021, por ejemplo, se han firmado un total de 28.840 contratos y se han registrado 23.888 bajas. Esta tendencia también se ha visto reflejada en la media de precios de alquileres en Catalunya, sin contar Barcelona ciudad, que en el 2.º y 3.º trimestre de 2020 llegaron a un máximo de 653€/mes, reflejando el incremento de la demanda fuera de Barcelona que hubo durante aquellos meses.
Resulta poco serio afirmar que la reducción de precios del alquiler en Catalunya es consecuencia de la ley de contención de rentas, aprobada el 21 de septiembre de 2020, obviando los efectos de la crisis del covid-19 y lo sucedido en otras ciudades.
Afirmación que sirve para esconder a la ciudadanía que se continúa sin hacer nada en política de vivienda desde hace muchos años, más allá de cargar a los propietarios privados con la obligación de las administraciones de cubrir las necesidades de alojamiento de las familias con bajos ingresos.
El control de los precios de alquiler, en ausencia de una eficaz y potente política de vivienda, agrava más la emergencia residencial, aunque alguien tenga la tentación de atribuirse como mérito político la reducción de los precios de alquiler derivada de la crisis generada por el covid-19.
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