Mar adentro de la ley

Ramón Sampedro Cameán (Xuno, 5/1/1943 – Boiro, 12/1/1998) consta como el primer español que solicitó oficialmente la eutanasia activa porque “la vida es un derecho, no una obligación”. Los tribunales no se la concedieron. Pero, obstinado, logró su propósito con la ayuda de otras personas que entendían como él que “una vida sin libertad, no es vida”. Llevaba años postrado en una cama desde que a los 25 quedara tetrapléjico. El joven marino mercante se había lanzado al agua, de cabeza como solía, desde una roca en la playa de As Furnas, último tramo de la Costa da Morte (Coruña). Se fracturó la séptima vértebra cervical. Era el 23 de agosto de 1968.

Un cuarto de siglo después, a los cincuenta, cansado de otear desde la cárcel de su habitación un único horizonte, de la imposibilidad de valerse por sí mismo y habiendo aprendido a llorar riendo, se dijo: “me resisto a caer en esa inercia en la que solo puedo agradecer lo que se me da porque no me queda más remedio que aceptarlo”. E inició su batalla por el derecho a morir dignamente. Se fue cinco años después como un referente de una lucha que esta semana se ha convertido en ley. Alejandro Amenábar se encargó de despertar conciencias a través de una película comprometida en la que Javier Bardem iba musitando “en la ingravidez del fondo/ donde se cumplen los sueños/ se juntan dos voluntades/ para cumplir un deseo. Mar adentro, mar adentro”.  

Voluntades y deseo que fueron también los de Ángel Hernández y María José Carrasco. Hacía treinta años que la esposa sufría una esclerosis múltiple terminal. Su no vivir se paliaba con altas dosis de morfina para calmar el dolor. No le quedaba otro ánimo que liberar por amor a quien lo había dado todo por cuidarla. Ángel quiso cumplir el reiterado anhelo de quien solo era un menguante cuerpo inerte. Y le subministró una sustancia de despedida mientras grababa la escena para reactivar las mentalidades aparcadas. Corría abril de 2019. Le detuvieron e incluso se consideró que su presunto delito lo fuera de violencia doméstica. La fiscalía le pide seis meses de cárcel pero si solicita el indulto no se opondrá.

La ley aprobada anteayer viene a resolver lo que Ramón, María José y tantos otros reclamaron con su marcha. Que en caso de graves e irreversibles dolencias y tras un proceso garantista, se pueda decir adiós voluntaria y conscientemente cuando uno vea que su mundo ya solo es una sombra de lo que fue. Lo que para el creyente ministro Salvador Illa supone “dejar de permanecer impasibles ante el sufrimiento insoportable”. Una  evidencia que ha sumado 198 apoyos parlamentarios.

La oposición ha vuelto por donde solía. Utilizando la misma interesada confusión que desgranó en 1981 contra la ley del divorcio y en 1985 contra la primera de la interrupción voluntaria del embarazo y sus correcciones posteriores. Hacer creer que la ley obliga cuando solo permite. Una estrategia que se ha demostrado reiteradamente inútil porque la sociedad, madura y consciente, sabe que, llegado el momento, la posibilidad será personal e intransferible. Y porque así como uno, empujado por un profundo respeto, pueda preguntarse ¿quién soy yo para juzgar a quien quiera morir?, el determinado impotente puede despedirse respondiendo: ¿y yo para juzgar a quien quiera vivir?

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