Una inevitable y necesaria reforma de las pensiones

Este viernes está previsto que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo presente una propuesta consensuada de recomendaciones, con que garantizar la sostenibilidad y suficiencia de nuestro sistema de pensiones. Con ello, la comisión, presidida por la antigua ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y conformada por representantes de las diversas fuerzas políticas, pretende responder al sentido que animó la creación del pacto en 1995.

Así, con el fin de asegurar la sostenibilidad del modelo, aparecen tres grandes líneas de actuación. De una parte, separar las fuentes de financiación de manera que se libere a la Seguridad Social de gastos impropios. Un conjunto de prestaciones, orientadas a la familia o a la contratación, que corresponderían a otras partidas del presupuesto público. A su vez, convendría fortalecer y blindar el fondo de reserva, con el fin de evitar lo sucedido en los últimos años, pues de los 65.000 millones de euros en su momento, apenas restan 2.000 millones. De otra parte, conviene penalizar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada, diferenciando la voluntaria de las forzosa. Y, finalmente, incentivar el retraso voluntario del retiro laboral.

Acerca de su suficiencia, y equidad, podemos destacar cuatro previsibles propuestas. En primer lugar, consolidar el IPC como criterio para las sucesivas revalorizaciones. En segundo, poder elegir los 25 años de mayor cotización para la determinación del importe de la pensión, evitando que sean los últimos años laborales los que determinen su cuantía. A su vez, garantizar unas pensiones mínimas, en línea con el ingreso mínimo vital y, finalmente, acercar el régimen de autónomos al general, cotizando en función de los ingresos y mejorando las coberturas.

La propuesta de la comisión llegará con cuatro años de retraso pues, tras el informe del 2011, el previsto para el 2016 se paralizó por la conflictividad política que nos viene acompañando. Ello no ha obstado para que, desde el 2011, hayamos tenido dos reformas laborales, ambas sin consenso. La del 2011 con Gobierno socialista, y la del 2013 con los populares.

Ahora, el momento obliga a la comisión a presentar su informe, y al Gobierno a abordar la reforma. A la presión de voces españolas, se han añadido las recomendaciones internacionales de la OCDE o el FMI, y la determinante exigencia de la Comisión Europea, considerando la reforma como condición necesaria para poner en marcha el fondo 'Next generation'.

Lejos del tremendismo que augura la quiebra de las pensiones públicas, la sostenibilidad y suficiencia de nuestro sistema no requiere de una gran reforma, sino de sucesivos ajustes. Este es, precisamente, el espíritu con que se constituyó el Pacto de Toledo, y que sigue plenamente vigente.

Tendremos la reforma en los próximos meses, y todo apunta a que resultará sensata y factible. Más difícil aparece pronosticar si seremos capaces de, rompiendo con la dinámica de los últimos tiempos, alcanzar el consenso.

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