Consecuencias y convicciones

<strong>La inhabilitación del 'president' Torra es un despropósito evidente,</strong> pero todo el asunto de la pancarta y la desobediencia a la Junta Electoral fue un gesto inútil que no solo no ha servido para avanzar en ninguna de las aspiraciones del soberanismo, sino que ha debilitado el autogobierno de Catalunya y sus instituciones.

Ciertamente la magnitud de una condena de inhabilitación no guarda ningún tipo de proporción con el acto concreto que fue objeto de acusación ante el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC). No haber retirado a tiempo los lazos amarillos del Palau de la Generalitat durante el periodo electoral, después de que varias resoluciones de la Junta electoral Central (JEC) exigieran al 'president' que procediera a retirar estos símbolos en favor de la libertad de los líderes sociales y políticos encarcelados, no debería haber comportado forzar la caída del presidente de la Generalitat.

Los argumentos en favor de la "neutralidad" de los edificios institucionales en periodo electoral no digo que no tengan su peso. Todo lo contrario. Pero también es cierto que hay una frontera delicada entre lo que es una posición de partido, ideológica, y que una demanda social mayoritaria, y percibida como justa por la sociedad, sea acogida como símbolo en un espacio público. ¿Cuáles son los límites entre reivindicar el día del Orgullo LGTBI y denunciar la violencia contra las mujeres, por ejemplo?

Este es un camino absurdo que no nos lleva a ninguna parte. Una aplicación de la ley más liberal, basada en el sentido común ante un conflicto, por parte de la JEC, iría mejor para la democracia y la convivencia. Y es que, por otra parte, la libertad de los presos políticos hoy en Catalunya es compartida por el grueso de los partidos políticos y la sociedad catalana. Y en privado todos coinciden en que cualquier solución al conflicto político pasa por la liberación de los presos y la desjudicialización del conflicto.

Otra cosa es que la derecha política y mediática utilice esta cuestión para desgastar y deslegitimar a la actual mayoría gobernante en España y que una parte no menor de la cúpula del poder judicial comparta esta estrategia. Y otra cosa es también que algunos hayan optado no por trabajar de manera obstinada en la búsqueda de un acuerdo político sobre el conflicto, sino que suspiran y maquinan con el fin de derrotar en todos los frentes al movimiento independentista, emulando en muchos sentidos las estrategias, tácticas y marcos legales, excepcionales y extraordinarios por cierto, que se utilizaron contra ETA y los movimientos sociales y políticos que les dieron apoyo. Cuando hemos explicado tantas veces que nada de lo que sucede en Catalunya tiene que ver con años de asesinatos, bombas y secuestros en Euskadi.

Pero ciertamente, también se buscaba el escenario de la inhabilitación. La nostalgia del 'momentum' fracasado de octubre del 2017 y la convicción de que poniendo en evidencia las decisiones de los jueces que aplican el denominado "derecho penal del enemigo" se pretende mantener la movilización, la irritación e indignación de la ciudadanía.

Unas elecciones en el peor momento

Algunos que nos hemos sentido independentistas hemos discrepado. Y los hechos, que son tercos y a  menudo más poderosos que las convicciones inamovibles, poco a poco, nos dieron la razón. La vía de la confrontación difícilmente es inteligente cuando sobre todo solo es impotente. El gesto del 'president' tiene como consecuencia precipitar unas elecciones en el peor momento de nuestra historia desde la guerra del 36. Cuando nos haría falta un gobierno fuerte, aliado con la oposición, cómplice con la sociedad civil, haciendo piña con los sectores económicos y sociales, afrontando la crisis sanitaria, económica y social, nos abocamos a un periodo de interinidad que en la práctica durará hasta finales de la primavera de 2021. Cuando necesitábamos una Generalitat más fuerte que nunca, una presidencia que se dirigiera a todo el país, un clima político que favoreciera el compromiso colectivo, algunos han apostado por la polarización.

El 'president' Torra me merece toda la solidaridad ante un acto desproporcionado y desmedido, que parece un venganza, todo el respeto institucional por lo que representa y toda la empatía con su situación personal, pero los liderazgos colectivos que necesitamos deben pensar más en las consecuencias de sus decisiones para el conjunto del país que en la coherencia personal con sus convicciones. No necesitamos más presidentes mártires, sino hombres y mujeres dispuestos a decepcionar en parte a los suyos ejerciendo sus responsabilidades en busca de compromisos satisfactorios para todos, defendiendo el interés general y el bien común.

Suscríbete para seguir leyendo