Otro rey español al exilio

Es increíble que la historia se repita con tal fidelidad. Es de espanto el recuento de reyes españoles exiliados por diferentes motivos en los últimos 200 años. Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Amadeo I, Alfonso XIII y ahora Juan Carlos I. De todos los habidos en los siglos XIX y XX, únicamente Alfonso XII -que venía del exilio- se ha librado de tal destino. Solo puede enumerarse semejante retahíla sistemática de <strong>desdichas</strong> para jefes de Estado en los países más inestables del mundo.

Pero al margen de ello, que debería hacer reflexionar serenamente a todos los que ven en la monarquía una pieza de estabilidad, cabe detenerse en <strong>el destino procesal penal del antiguo rey,</strong> que es el que parece haber motivado su salida de España. Se abrió en Suiza una investigación al respecto de un depósito valiosísimo en un banco suizo que provenía de Arabia Saudí y que habría controlado el exmonarca a través de una fundación, y que se habría convertido en un supuesto y suculento regalo a <strong>Corinna Zu Seyn-Wittgenstein</strong> a través de una transferencia. En España hay abierta otra investigación ante la Audiencia Nacional derivada del 'caso Villarejo' en la que Juan Carlos I no está imputado. No podría estarlo, ya que está aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que no ha planteado todavía ninguna diligencia contra él.

Ello es insólito, no sólo por <strong>la indudable trascendencia pública del tema</strong> y la cantidad de datos surgidos en la prensa que deberían servir para -ojalá- descartar o -lamentablemente- afirmar la presencia de, al menos, un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal. Se trata de delitos graves que podrían acarrear penas de prisión, y que en condiciones normales hubieran debido motivar la apertura de esa investigación judicial. Al contrario, en este caso -y no es nada frecuente que sea así- se está esperando a que la fiscalía investigue por su cuenta los hechos y decida si presenta querella por los mismos y, entonces sí, se abriría la investigación judicial. Insisto, aunque este proceder no es insólito, tampoco es frecuente. Hubiera debido bastar una simple denuncia del fiscal recogiendo los numerosos indicios aparecidos en los medios para abrir esa investigación judicial.

Y estando en esto, <strong>llega la noticia de que el exrey se ha exiliado</strong> a destino inicialmente desconocido y sin conocimiento ni de la ciudadanía ni de las autoridades que le investigan. Todo ello es un comportamiento algo más que impropio, sobre todo en quien, guste o no, ostenta una dignidad a la que debe un respeto, porque es la dignidad de todo el país. Lo correcto en cualquier investigado, más en este caso, es ponerse explícitamente exactamente igual que hicieron su yerno e hija, sin ir más lejos. Lo sucedido, en espera de acontecimientos y en concreción de su destino y conducta posterior, le sitúa, de momento, no solo en el concepto de exiliado, sino que le acerca al terreno del prófugo. ¿Qué le impedía despedirse ordenadamente del país en el que reinó durante cuarenta años? ¿O es que había algo que le impedía esa despedida pública? ¿Por qué omite en la carta a su hijo decir que está a disposición de la Justicia?

Su situación actual

Ahora nos tendremos que empezar a hacer las preguntas obvias respecto de cualquier sospechoso que está en el extranjero. ¿Está en un país europeo y regirá la euroorden? ¿Se encuentra en un Estado con tratado de extradición con España? Pese a su marcha, ¿comparecerá voluntariamente y no habrá que plantearse las preguntas anteriores? ¿Se hará valer la inviolabilidad que disfrutó hasta su abdicación como escudo ante eventuales acusaciones?

Y si comparece, ¿se abrirá investigación judicial? ¿Habrá alguna acción popular que presente querella contra él? Abierta la investigación, ¿qué destino tendrá? ¿Acabará todo prematuramente a través de un sobreseimiento, o se acabará juzgando el caso? La investigación, además, puede ser extensa y hasta lenta, lo que puede hacer que nunca acabe, habida cuenta de la avanzada edad de Juan Carlos I.

Se trata de preguntas que iremos respondiendo en los próximos tiempos. Pero sería positivo que no se confirmara una vez más la opinión de buena parte de la calle a día de hoy: que estas cosas siempre acaban en nada. Por una vez deberían las instituciones desmentir ese vergonzante sentir ciudadano y demostrar rapidez y eficacia en un caso de tremenda gravedad. Aunque solamente sea por el prestigio de un país que demasiados encubridores dicen amar tanto.

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