Diez años de la sentencia del Estatut
Primero: hacer un 'reset'
Hay que recuperar la receta de Tarradellas -"¡Ciudadanos de Catalunya!"- frente a un dilema perverso: una Catalunya sin ciudadanos o unos ciudadanos sin Catalunya
Rafael Jorba
Periodista. Secretario del Comité Editorial de EL PERIÓDICO.
Rafael Jorba
Los errores en cadena de la última década, así en Madrid como en Barcelona, obligan a hacer un ‘reset’. Repasemos el calendario. La reforma del Estatut fue en sus inicios un movimiento táctico de las izquierdas catalanas para derrotar al pujolismo, de puertas adentro, y para cohesionar al Govern tripartito, de diciembre del 2003, ante otra mayoría del PP en las generales del 14 de marzo del 2004, de puertas afuera.
La inesperada victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, con los atentados del 11-M de por medio, permitió que el nuevo presidente diera luz verde al proyecto de reforma de Pasqual Maragall. El techo del Estatut del 2006 era el mismo que el del Estatut de 1979 -la Constitución de 1978-, pero con una diferencia: la derecha y sectores de la izquierda española habían olvidado los intangibles del pacto constitucional.
Sin embargo, 'pacta sunt servanda'. El Estatut del 2006 fue aprobado por el Parlament de Catalunya, paccionado en las Cortes Generales y refrendado por la ciudadanía. La sentencia del Tribunal Constitucional, de 28 de junio del 2010, representó el primer choque de trenes: por primera vez una ley orgánica, aprobada en referéndum por una parte del cuerpo electoral español, era enmendada.
Subasta emocional
El magistrado <strong>Eugeni Gay</strong>, en su voto particular, resumió el problema político de fondo: la sentencia denotaba un academicismo más propio del siglo XIX, alejado de la realidad jurídica del mundo contemporáneo, “en el que las soberanías son difíciles de distinguir y los Estados no son soberanos en el sentido pleno del término”. Sí, unos y otros, el nacionalismo español y el independentismo catalán, iniciaron una subasta emocional con los ciudadanos como rehenes.
El error del catalanismo político mayoritario, de matriz cívica, fue haber sumado carga simbólica al debate y haber rearmado al nacionalismo español. La sentencia del TC y el ciclo de crisis económica desataron una tormenta perfecta en clave populista: la huida hacia adelante del soberanismo, que culminaría en los hechos de septiembre y octubre de 2017, y la eclosión de las tres derechas (PP, Cs y Vox) de la foto de Colón.
Se impone hacer el ‘reset’ del que hablaba al inicio para salir del actual callejón sin salida. Hay que definir un nuevo paradigma -¿qué queremos ser y, sobre todo, qué queremos hacer juntos?- que es aplicable a Catalunya, al conjunto de España y a toda la Unión Europea. El primer paso es dejar de alimentar la subasta simbólica de los nacionalismos -catalán y español- y añadir carga cívica al debate.
El marco europeo de soberanías y ciudadanías compartidas es el terreno de juego. Sí, un ‘reset’ y un cambio de chip. Como he venido escribiendo, más temprano que tarde se planteará la necesidad de introducir en las constituciones (y estatutos) el concepto de ‘segunda laicidad’ en el plano identitario: que nadie, en ningún lugar, nos obligue a tener que escoger, pero que todos actuemos como ciudadanos.
Hay que recuperar la receta del ‘president’ Tarradellas -“¡Ciudadanos de Catalunya!”- frente a un dilema perverso: una Catalunya sin ciudadanos o unos ciudadanos sin Catalunya.
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