La empresa del Rey

La emergencia global lo cubre todo. El país no afronta un reto ciclópeo. Son dos simultáneos: la <strong>crisis sanitaria</strong> y la subsidiaria <strong>crisis económica</strong>. De poco serviría sobrevivir a la infección si cayéramos luego en un pozo de pobreza sistémica. De poco serviría preservar a cualquier precio la producción si fuéramos diezmados por el virus. El desafío es salir razonablemente indemnes de las dos amenazas.

Solo la sobrecogedora extraordinariedad de estos días explica que haya quedado difuminada una noticia de las de mandar parar las rotativas a media tirada. Sin la pandemia vírica, la rotura de amarras del rey Felipe VI con su padre y predecesor podría haber desatado ya una crisis institucional de proporciones sísmicas.

Juan Carlos I modernizó la imagen de la Corona y la asoció a la democracia tras haber sido designado por la dictadura. Logró que la institución monárquica fuese aceptada con tolerancia por muchos republicanos. Un mérito objetivo e indiscutible que él mismo se ha encargado de demoler piedra a piedra hasta no dejar ni una en pie.

Acta acusatoria

La renuncia de Felipe VI a la <strong>herencia de su padre </strong>y la retirada de la asignación pública de casi 200.000 euros anuales del emérito es una operación de cortafuegos. La respuesta de la Corona para poner a salvo la institución ha sido tan apremiante que ha acabado de sepultar el último rescoldo de reputación del Rey emérito. Las investigaciones sobre comisiones multimillonarias pagadas presuntamente por Arabia Saudí a Juan Carlos llegarán hasta donde lleguen, pero este, como hace seis años Jordi Pujol, habrá perdido ya el respeto público. El comunicado de su hijo es poco menos que una acta acusatoria en toda regla.

La Corona fue en la Transición un eje de estabilidad democrática. Pero la monarquía –esta y todas- tiene escaso fundamento objetivo en las sociedades democráticas y desarrolladas del siglo XXI. Su pervivencia, estrictamente tradicional y representativa, depende de su capacidad de generar consenso y demostrar honestidad ejemplar. Una familia real no es una familia, es una empresa. Una empresa pública.