Al contado
Pensiones y elecciones, una mala combinación
Los partidos deberían empezar a explicar cuál es su receta para las prestaciones públicas
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Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
Agustí Sala
Pensiones y elecciones. Menuda combinación. Es cierto que en la actualidad, los partidos políticos están más dedicados al famoso artículo 155 y la ley de seguridad nacional los unos y a las repúblicas imaginarias los otros que a cuestiones más mundanas. Es verdad que las gesticulaciones y actuaciones del Govern y, en especial, de su 'president' Quim Torra, son inquietantes, pero también lo es la pugna desatada por el resto por demostrar quién sería el más duro ante un hipotético quebrantamiento de la ley.
Estamos en precampaña electoral. Eso si es que hemos salido alguna vez de ese periodo en los últimos meses. La necesidad de rendimientos inmediatos en forma de votos lleva a los discursos adaptativos, el contexto político domina y los pensionistas son, por ahora, una parte poco visible del decorado.
Hay casi siete millones de jubilados y en total, casi 9,7 millones de beneficiarios de todo tipo de prestaciones, desde las de incapacidad hasta las de viudedad. Y la pregunta que se hacen es: "¿Cuánto subirá mi pensión?"
No es raro que se lo planteen. El año pasado, la necesidad del PP de llegar a un acuerdo presupuestario con el PNV, llevó a un pacto para que las pensiones subieran con la inflación en el 2018 (1,6%) y el 2019 (1,6%), dejando aparcada la reforma que los propios populares aplicaron a partir del 1 de enero del 2014.
Pero el pacto tenía fecha de caducidad. A pesar de las declaraciones de intenciones y de la apuesta de la comisión parlamentaria del pacto de Toledo por ligar la evolución de las prestaciones al IPC, por falta de Gobierno y de Presupuestos, es muy probable que las pensiones suban el 1 de enero automáticamente el 0,25% previsto en la reforma del 2013. Luego el nuevo Gobierno o el nuevo Congreso que surja de las urnas dirán.
Al ritmo que lleva la inflación en la actualidad como consecuencia de la desaceleración económica puede que hasta puedan ganar o empatar con el coste de la vida. Pero esa carambola no es la vía. Los pensionistas necesitan soluciones permanentes. Además está todavía en el aire la aplicación del denominado factor de sostenibilidad que, en resumen, debía vincular la prestación a la esperanza de vida (es decir, menor cantidad mensual al repartirse la total en más años).
Los últimos avisos del <strong>Banco de España </strong>sobre los riesgos de ligar las pensiones al IPC, al margen de que puedan parecer injustas, no hacen más que provocar alarma ¿Fundada? A juicio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el de las pensiones, es un problema "manejable".
Quizás los partidos deberían empezar ya a explicar sus propuestas de cara al 10-N para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Pero no soy un iluso. Me temo que la combinación pensiones y elecciones es una mala para sacar algo en claro.
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