Realidad desconocida
La pobreza menstrual
Urge una respuesta estatal, autonómica y municipal que saque a la luz una realidad por ahora muy desconocida en el país como es la dificultad para adquirir productos de higiene femenina
Marta Roqueta
Periodista y editora del blog 'Zena'
Marta Roqueta
El Gobierno del Reino Unido anunció hace unos meses un plan para proveer con compresas y tampones a los centros de secundaria del país. La medida, que las activistas han pedido que se extienda a las escuelas de primaria, sigue la estela de la adoptada el año pasado por el Ejecutivo escocés. Según un estudio de Plan Internacional, una de cada diez jóvenes británicas entre los 14 y los 20 años no puede comprar tampones y compresas, y la mitad ha perdido un día de clase a causa de la menstruación, datos que confirman una realidad observada por muchos docentes del país.
En España, la medida más destacada para hacer frente a la llamada 'pobreza menstrual' fue la rebaja del IVA al 4% de los productos de higiene femenina, prevista en los fallidos Presupuestos Generales del Estado del 2019. Por ahora, no hay indicadores que cuantifiquen la incidencia de la pobreza menstrual en España. Sí que existe un manual de higiene menstrual en la escuela desarrollado por la Universidad de Alcalá de Henares. Si bien está pensado para la realidad nicaragüense, hay medidas que pueden aplicarse en los centros españoles, como la detección, por parte del profesorado, de niñas que se ausentan cada vez que tienen la regla o que se manchan de sangre con asiduidad.
En el ámbito de la educación sexual y reproductiva, la Federación de Planificación Familiar Estatal asegura que se intenta introducir en los talleres el uso de copas menstruales, más ecológicas y económicas, pero que aún existe un gran desconocimiento sobre el ciclo menstrual, así como perviven mitos sobre la regla, como la presunta pérdida de la virginidad con la aplicación de un tampón. A nivel de planificación urbana, una escasez de aseos públicos y gratuitos obliga a las mujeres a consumir para poder entrar a los bares a cambiarse, una situación puede suponer un agravio para aquellas con poco poder adquisitivo.
Por todo ello, urge una respuesta estatal, autonómica y municipal que saque a la luz una realidad por ahora muy desconocida en el país.
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