Sector público y cambio energético

Si hay un aspecto en el que España se ha mostrado más errática en los últimos años ha sido en la legislación relacionada con el sector eléctrico, y más concretamente en la que hace referencia a las energías alternativas. Desde ser uno de los países con el mejor trato fiscal y ayudas públicas a la instalación de energías renovables, a darle la vuelta a la tortilla incluso con efectos retroactivos. Y con las consiguientes réplicas en forma de litigios tanto a nivel español como internacional. Pero estos vaivenes tienen sus efectos en el camino de la transición hacia energías limpias y se convirtieron en auténticas piedras que impedían el avance.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado de nuevo las medidas de impulso, ha eliminado las trabas que se habían puesto a las renovables y ha abierto la vía a un mayor uso de estas energías. Pero, de nuevo, la inseguiridad jurídica creada alrededor de esta actividad continúa siendo un freno para su implantación.

La caída de los precios de las placas fotovoltaicas y el cambio regulatorio impulsan el autoconsumo en España

Por ello las decisiones que están tomando algunas empresas del sector público e instituciones, como algunos ayuntamientos, suponen un fuerte tirón, como mínimo ejemplar, para que otros se apunten al carro. Una de las medidas más significativas en este sentido ha sido la adoptada por el último consejo de administración de Aena, la empresa encargada de gestionar los aeropuertos españoles, de instalar paneles solares en los terrenos que le quedan libres en las zonas aeroportuarias y que no pueden dedicarse a fines inmobiliarios. El presidente de la empresa, Maurici Lucena, calcula que este plan permitirá alcanzar un 70% de autoabastecimiento energético en los aeropuertos españoles en el 2026. Lo hará con energía solar que se autoproducirá, en lugar de adquirirla de otros productores como estaba previsto hasta ahora.  El mensaje es claro: si una macroempresa como esta opta por este tipo de energía porque lo considera más eficiente y rentable, es que vale la pena intentarlo.

Hay ayuntamientos que también han tomado decisiones altamente simbólicas para reforzar la vía a un cambio de modelo del mercado eléctrico: el de Barcelona presidido por Ada Colau ha creado una empresa pública de electricidad, en princpio pensada para las instalaciones públicas y nutrida solo por energías limpias, pero que podría ampliarse a clientes perticulares o incluso extenderse a otras zonas metropolitanas, si es que acaba funcionando bien. 

Aunque la mejor prueba de que las cosas pueden hacerse de otra manera y de que el uso de energías limpias no sólo es ecológicamente bueno, sino que incluso puede llegar a ser un buen negocio, es que han entrado en ello tanto las eléctricas tradicionales como grandes firmas de distribución que incluyen en sus ofertas placas solares a buen precio convencidos de que les saldrá a cuenta. Algo está cambiando.