Una economía lastrada por la corrupción

Un reciente informe del grupo europarlamentario de Los Verdes cifra en unos 90.000 millones anuales el coste que tiene la corrupción para la economía española. Este dato, basado en extrapolaciones de estadísticas, incluye desde el sobrecoste que comporta el pago de mordidas por obtener una obra o la concesión de un servicio público, hasta las oportunidades perdidas de captar inversiones extranjeras que no llegan por las barreras que logran crear los mecanismos vinculados a la corrupción, pasando por los impuestos que se dejan de ingresar por prácticas derivadas de estos delitos. Es una de las cifras más elevadas que se han calculado hasta el momento del coste social de esta lacra, y hay contrainformes que la consideran muy exagerada. Pero, en todo caso, el estudio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de acabar, o como mínimo intentarlo con más eficacia, contra estas malas prácticas en la gestión de lo público.

En España solo un centenar de personas cumplen condena por delitos de corrupción

No es fácil, y la propia contundencia de la cifra global sirve como mínimo para constatar que se trata de una práctica muy generalizada y atomizada. Además, según se desprende de las últimas investigaciones de casos de corrupción en España, y en Catalunya en concreto, los sistemas para evitar la concurrencia y la competencia se han sofisticado cada vez más y solo es posible detectarlos tras largas investigaciones.

Unas de las prácticas ilícitas detectadas es la presunta creación de clubs de empresas cuyos miembros pagarían una cuota al partido en el gobierno a cambio de entrar en la lista de los beneficiados por la concesión de obras públicas. El que forma parte de esta lista sabe que le acabará tocando alguno de los concursos del año, cuyo proceso de adjudicación sigue aparentemente todos los cauces legales correctos, pero, oh casualidad, en el conjunto del ejercicio todos los miembros del club acaban saliendo agraciados con una u otra obra. Así,  demostrar que el proceso estaba trucado es muy difícil, excepto que se haya hecho un larguísimo seguimiento de los corruptores y los corrompidos.

El Europarlamento insiste en ampliar las competencias y los medios dedicados a combatir la corrupción y el fraude que conlleva. Si las cifras del informe de los Verdes son ciertas, o incluso aunque la realidad solo sea un 10% de sus cálculos, vale la pena. De momento, los resultados son escasos. Pese a la larga lista de casos denunciados o investigados, en España solo hay 94 personas reclusas cuyo delito principal está relacionado con la corrupción, según datos del Ministerio del Interior. A los que hay que sumar siete más en Catalunya (que tiene competencias en prisiones), según la Direcció General de Serveis Penitenciaris. Más de la mitad del total cumplen condena por eldelito de malversación, posiblemente porque es el menos difícil de probar. Queda mucho camino por recorrer.