La Catalunya intervenida
Vivimos en un estado de confusión en la que a un rescate bancario le llamamos préstamo en condiciones preferentes y a una intervención autonómica un sistema de control de pagos
Se debate muchos estos días sobre si el cierre de la caja de la Generalitat equivale a una suspensión de la autonomía de Catalunya. Si bien es cierto que desde el punto de vista jurídico solo la activación del artículo 155 de la Constitución supone la suspensión del autogobierno en un sentido estricto, resulta obvio que la decisión de Hacienda de asumir todos los pagos de la Generalitat, cortar el crédito, bloquear las cuentas bancarias y cerrar el presupuesto de todo lo que queda de año deja al Govern sin el principal instrumento de autonomía que es el control de sus finanzas. Sin autonomía financiera, difícilmente hay posibilidad de hacer política a pesar de que se sigan prestando los servicios básicos porque los colegios y los hospitales tienen que seguir abiertos y los funcionarios deben cobrar sus nóminas.
El artículo 156 de la Constitución prevé que las comunidades autónomas gocen de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Sin embargo, el argumento del Gobierno para cortar el grifo al Govern se ha basado en el hecho de que “se haya producido en las últimas semanas una escalada de acontecimientos que ponen en riesgo el principio de coordinación de las Haciendas Públicas, el de estabilidad presupuestaria y el de sostenibilidad financiera”, como reza en la orden ministerial aprobada por el Gobierno.
La duda razonable aquí es dilucidar si el control de pagos y la aplicación de la ley de estabilidad financiera a Catalunya persiguen reconducir la sostenibilidad de las finanzas –Catalunya no es la única comunidad con un desvío del déficit público- o si se trata de una medida coercitiva para que el Govern abandone el objetivo político de realizar un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
El relato político no se corresponde muchas veces con la realidad. En el 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy pidió un rescate de hasta 100.000 millones de euros a la Unión Europea que sirvió para salvar a los bancos. Rajoy siempre se refirió a él como un préstamo en condiciones favorables sin condicionalidad que no implicaba que España estuviera intervenida, a pesar de que todas las reformas y recortes que vinieron después llevaban el sello de Bruselas. Para el relato del país no interesó decir que España estaba rescatada, aunque lo estaba y ha sido reconocido con posterioridad. Como ahora Catalunya no está intervenida. Por eso hay que estar más atento a los hechos, que a los discursos políticos. Sin llaves de la caja, no hay autonomía.
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