Opinión | Editorial
El parto de la ley de transitoriedad
La aprobación de la norma antes del 1-O y su sesgo asambleario, las penúltimas cesiones del PDECat a la CUP
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La CUP y ERC han vuelto a imponer su criterio al PDECat, renuente a aprobar la llamada ley de transitoriedad antes del referéndum anunciado para el 1-O. Las fuerzas soberanistas desvelaron ayer el texto que, como exigían los anticapitalistas, el Parlament validará en septiembre: 45 folios sin grandes sorpresas que denotan la voluntad de dotar de naturalidad y tranquilidad a lo que en realidad es un desafío descomunal al ordenamiento legal vigente, derivado de la Constitución y el Estatut. Así, se establece que se podrá simultanear la nacionalidad española y la catalana, se mantiene la oficialidad del catalán y el castellano, se estipula que en general y de momento seguirán vigentes las normas actuales, se garantizan los derechos sociales adquiridos, se asumen los contratos públicos suscritos por el Estado con terceros, se aseguran los puestos de trabajo de los funcionarios del Estado y se ofrece continuidad a los jueces que lleven al menos tres años en Catalunya.
Este aparente rigor y ecuanimidad, sin embargo, no solapa aspectos especialmente inquietantes, como la amnistía por vía directa a los condenados por el 9-N o la fuerte presencia del Govern en una Comissió Mixta con gran responsabilidad judicial. Mención aparte merecen las directrices sobre la redacción de una Constitución catalana si el 1-O vence el 'sí': el Parlament constituyente quedará vinculado políticamente por las conclusiones de un difuso proceso de participación ciudadana «liderado por la sociedad civil organizada». Un esquema que responde a los planteamientos asamblearios de la CUP, que una vez más logra hacer valer su posición aritméticamente decisiva para el 'procés' siga adelante.
Más allá de estas cuestiones, la pretendida seriedad del proyecto se compadece pésimamente con la insólita rapidez y opacidad con que será tramitado y aprobado por la mayoría soberanista del Parlament, lo que, sin embargo, tampoco impedirá su anulación por el Tribunal Constitucional. A 33 días del 1 de octubre, el independentismo catalán mantiene su hoja de ruta contra viento y marea, ajeno a todo lo que le rodea y ensimismado en pos de un objetivo que, por más que presente como fácil y casi indoloro, no lo puede ser, como sabe toda persona medianamente sensata. La 'revolució dels somriures' tiene un rostro cada vez más sombrío.
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