LA CUMBRE AUTONÓMICA
¿Ha cambiado algo la Conferencia de Presidentes?
La única luz nace de la modificación del reglamento al prever el seguimiento de los acuerdos y de su desarrollo en las conferencias sectoriales
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Conferencia de presidentes / periodico
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Eduard Roig Molés
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y analista de Agenda Pública
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y analista de Agenda Pública
EDUARD ROIG MOLÉS
La Conferencia de Presidentes del día 17 alcanzó 11 grandes acuerdos y se desarrolló en un clima institucional alejado del enfrentamiento partidista de las anteriores reuniones. Tan solo la ausencia de los presidentes del País Vasco y Catalunya empañó un resultado que se explica como producto del especial momento que viven las relaciones entre PP y PSOE, faltas del enfrentamiento típico entre Gobierno y oposición estatales. La dinámica política interpartidista sería así el elemento que determinaría fundamentalmente las posibilidades y éxitos de la conferencia.
Esa visión, sin embargo, resulta a mi juicio incorrecta. La relación política entre los principales partidos es, sin duda, relevante para la conferencia; y posiblemente es determinante para la presentación pública de sus discusiones y acuerdos. Pero el examen de estos acuerdos más allá de su mera existencia muestra que la VI Conferencia de Presidentes no ha sido, por el momento y en sus consecuencias, muy distinta de las cinco anteriores.
LOS ACUERDOS
Los acuerdos firmados oscilan entre lo obvio (políticas de empleo), lo vacuo (violencia de género o participación en asuntos europeos) y lo inane (protección civil, financiación autonómica, educación, pobreza energética o tarjeta social). Tras leerlos con buenos ojos solo los acuerdos sobre reto demográfico, empleo público y reforma del propio reglamento incluyen quizá algún contenido relevante: el primero porque apunta a un elemento novedoso en nuestro debate institucional (el envejecimiento de la población); el segundo en cuanto marca una decisión política efectiva de considerar los sectores prioritarios autonómicos (servicios sociales, sanidad, educación y seguridad) en la oferta pública de empleo anual y en la tasa de reposición; sobre el tercero volveremos al final de esta nota.
Silencio absoluto sobre cualquier otra cuestión de interés público, más allá de lo que se ha conocido en relación con la apertura del debate sobre la competencia fiscal entre comunidades de régimen común, auténtica aportación de la VI Conferencia cuyo recorrido veremos en los próximos meses.
ADOPCIÓN DE ORIENTACIONES POLÍTICAS
¿Podíamos esperar más de la reunión de nuestros máximos líderes políticos y responsables de casi todo el poder ejecutivo y administrativo en España? Lo cierto es que no. Por bueno que sea el ambiente político y los deseos de acuerdo y colaboración, la Conferencia no es necesaria para oficializar decisiones tomadas, para impulsar procesos que se impulsan por sí solos o para señalar tareas pendientes sin más orientación que su propia mención. La Conferencia es útil si resuelve conflictos o avanza en su resolución, por ejemplo adoptando orientaciones políticas con contenido sobre discusiones que se encuentran enquistadas en una conferencia sectorial.
Para ello no basta la voluntad política; lo fundamental es haber identificado el conflicto (1), debatido las alternativas de respuesta (2) y avanzado en el desbroce de la discusión para reducirla a algunas decisiones políticas (3). Y lo cierto es que nada de eso se ha hecho. La Conferencia, una vez más, ha surgido de la mera decisión política del presidente del Gobierno para 'visualizar' una dinámica de acuerdo. Y una vez determinada esa función, se han buscado los posibles acuerdos en un plazo que es insuficiente casi hasta para pactar una agenda.
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
En este panorama, que sería desalentador si fuera sorprendente, la única luz nace del acuerdo de modificación del reglamento de la propia conferencia. No porque el reglamento sea relevante, que no lo es, sino porque articula a la Conferencia de Presidentes con el resto del mundo, en la media en que prevé el seguimiento de los acuerdos adoptados y de su desarrollo en las conferencias sectoriales. Si la próxima conferencia no tarda cuatro años en celebrarse, su primer punto del orden del día debería poner de manifiesto, entonces sí, qué acuerdos no han dado los frutos deseados, por qué ha sido así (identificación del conflicto y sus alternativas) y si esa dinámica puede revertirse mediante (nuevas) decisiones de los presidentes.
Probablemente, la dinámica política de enfrentamiento o acuerdo entre PP y PSOE permitiría que, en esa tesitura y con reuniones menos mediáticas, se alcanzaran acuerdos en algunos aspectos por la propia inercia de la negociación institucional. Y, con seguridad, que al menos se debatieran las discrepancias legítimas en torno a los mismos. Adicionalmente, ello implicaría costes para quienes también utilizan la conferencia sólo para “visualizar” su pretendida especificidad.
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