Análisis
Crecimiento, desigualdad y política
Hay que orientar las políticas sociales más hacia la prevención y la capacitación individual y menos hacia la compensación
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Parados ante una oficina de empleo de Madrid. / periodico
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Margarita León
Profesora de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Analista de Agenda Pública.
Marga León, profesora de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona
MARGARITA LEÓN
A mediados del siglo pasado, el economista estadounidense de origen ruso Simon Kuznet demostró que el crecimiento económico conducía, a la larga, a una menor desigualdad: a medida que los países se industrializan y las rentas medias aumentan, la desigualdad crece primero y disminuye después. En su reciente libro Desigualdad Global, Branco Milanovic confirma la hipótesis de Kuznet al comprobar que la reducción de la desigualdad global se debe en su mayor parte al aumento de las rentas medias en los países asiáticos. Pero hay dos problemas principales con esta tesis. Primero que la ecuación a más riqueza menos desigualdad no es tan sencilla y no conviene confundirla, como ya advertía el propio Kuznet, con prosperidad y bienestar. Segundo, el giro desigualitario, como lo llama el economista británico Toni Atkinson, en el que se han visto involucrados algunos países ricos desde la década de los 80, pone en entredicho esta relación.
EL EMPLEO YA NO IMPLICA INCLUSIÓN SOCIAL
¿Qué explica este repunte de la desigualdad en países como el Reino Unido, Estados Unidos o incluso Suecia? En primer lugar, la premisa de partida podría ser una obviedad pero conviene recordarla: el aumento de la desigualdad ha ido en paralelo a un retroceso en los distintos ámbitos de protección social. Las “políticas conscientes” como las llama Atkinson, que estuvieron en el centro de los gobiernos europeos entre 1945 y 1970, dieron marcha atrás a partir del cambio de ciclo económico y la llegada de políticas de corte neoliberal. En otras palabras, la capacidad redistributiva de los estados ha disminuido sensiblemente por una regresión en su acción. En segundo lugar, la globalización y las nuevas tecnologías han permitido perversas estrategias monopolísticas del mercado y una capacidad del sector financiero de acumular riqueza y poder desconocidas hasta hace relativamente poco tiempo. Si con anterioridad a los años 80 el nivel de instrucción marcaba la diferencia, el acceso a la educación superior durante los últimos 20 años ha sido mucho mayor que la distribución de las ganancias económicas. Es decir, entrando en terreno de Thomas Piketty y otros economistas con vocación humanista, nuevos mecanismos que premian la negociación individual según rendimiento (o expectativas de rendimiento) y debilitan las estructuras colectivas han terminado por generar abismos entre los que más ganan y los que menos, dentro incluso de una misma organización empresarial. Por último, un porcentaje elevado de la población (el 40% en muchos países desarrollados según la OCDE) no se beneficia de los efectos del crecimiento económico principalmente por el aumento del empleo atípico y el debilitamiento de las políticas de protección social. El empleo ha dejado de ser un mecanismo de inclusión social al no garantizar la salida de situaciones de pobreza. En el Reino Unido el porcentaje de personas que encontraron un trabajo entre el 2008 y el 2009 y como consecuencia de ello salieron de su situación de pobreza apenas superó el 40%, en España ese porcentaje es incluso menor (alrededor del 35%).
CONSENSOS AMPLIOS Y MIRADAS LEJANAS
Si esta es la realidad, ¿cuales tendrían entonces que ser las políticas? Si bien las políticas redistributivas de los años dorados de los estados de bienestar europeos proporcionan una guía, lo cierto es que el mundo ha cambiado profundamente desde entonces y muchas de las premisas de aquellas políticas se han desvanecido. Existe ya un amplio consenso sobre la necesidad de orientar las políticas sociales más hacia la prevención y la capacitación individual y menos hacia la compensación. Además, resulta ingenuo pensar que se pueda intervenir sobre los actuales niveles de desigualdad y pobreza sin esfuerzos importantes de gasto. Por último, tanto en el ámbito fiscal como en el productivo sería necesario más severidad en los mecanismos de control. En definitiva, el camino a seguir consistiría en intervenir antes, gastar más y regular mejor. Pero cuando abandonamos el fluido curso de la dialéctica académica para adentrarnos en los abismos de los intereses políticos, perdemos los pasos. Como le decía el Minino de Cheshire a Alicia, el camino a seguir depende del sitio al que quieras llegar, y si no importa mucho el sitio tampoco importa mucho el camino. El estimulante debate en torno a la creación de una renta básica de ciudadanía, por ejemplo, no puede desligarse de reformas profundas en los sistemas tradicionales de transferencias de renta como pensiones y desempleo. Pero descartar medidas sociales radicales por suponer un lastre al crecimiento es obviar las formas en las que equidad y eficiencia pueden ser, y de hecho son, complementarias. El ahorro que supondría disminuir los costes vinculados con la desigualdad y la pobreza –tanto los más directos como subsidios de desempleo y políticas asistenciales, como los más indirectos relacionados con un aumento de la conflictividad, de problemáticas sociales y sus repercusiones en la salud tanto mental como física--, debería ser razón suficiente para poner los instrumentos tanto de la politics como de la policy a funcionar. Pero nada de esto es posible sin consensos amplios y sólidos y sin miradas puestas en horizontes lejanos. Como intuía Alicia, o el pozo es en verdad muy profundo, o estamos cayendo muy despacio.
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