El conflicto de las terrazas

El clima benigno de una ciudad mediterránea por excelencia como es Barcelona invita a pasar en la calle largos periodos de tiempo. Al mismo tiempo, su alta densidad urbana convierte el espacio público en un bien preciado. Con estas coordenadas básicas el anterior equipo de gobierno municipal elaboró unas ordenanzas para regular las más de 4.700 terrazas de bares y restaurantes de la ciudad. A un periodo inicial de relajación, siguió la estricta aplicación de la norma y con ella los avisos de sanciones y clausuras. Casi la mitad de las terrazas urbanas -y especialmente las situadas en barrios no privilegiados- se hallan amenazadas por esa ordenanza de la discordia que en su día pactaron CiU y PP y que presenta claras deficiencias al tiempo que establece condiciones muy exigentes.

La situación ha puesto en estado de alarma al sector, que reclama una urgente moratoria para poder salvar al menos la temporada veraniega. Atrapado aquí por una herencia perversa, el gobierno municipal asegura no poder jurídicamente dar marcha atrás.

Como en todos los conflictos de derechos, la solución al problema requerirá buena dosis de diálogo y sentido común por ambas partes. El ayuntamiento ganará crédito si sabe encontrar medidas de flexibilidad y los restauradores habrán de entender que la calle no puede convertirse en un circuito de obstáculos. Sobre ambos parámetros debe descansar una tregua veraniega que deje paso luego a un debate más en profundidad.